Tegucigalpa, 27 ene (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cumple este lunes tres de sus cuatro años de gobierno, sin haber cumplido la promesa de instaurar una comisión anticorrupción y bajo la sombra de los escándalos por la cancelación del tratado de extradición con EE.UU. y la difusión de un video relacionado con el narcotráfico que involucra a su Administración.
El Gobierno de Castro, quien asumió el poder el 27 de enero de 2022, tras tres periodos consecutivos del ahora opositor Partido Nacional, ocho de ellos bajo el mandato de Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel en Nueva York por narcotráfico tras ser extraditado, admitió en diciembre pasado que no ha cumplido con varias de las reformas legales recomendadas por la ONU para establecer la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih).
El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, declaró el 16 de diciembre que una misión de la ONU presentó recientemente "algunas de las posibles necesidades" para crear la comisión contra la corrupción, que incluyen "seis reformas específicas, de las cuales ya se ha avanzado en dos".
El coordinador de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, César Espinal, dijo este lunes a periodistas que la creación de la Cicih, con apoyo de la ONU, es una "promesa incumplida" por Castro.
“Al término de este tercer año, al inicio del último año de gobierno, podemos observar que muchas de las promesas no se han cumplido", subrayó Espinal, quien resaltó que la llegada de Castro al poder generó grandes expectativas entre los hondureños.
Castro, la primera mujer en presidir el país centroamericano, que sigue dividido desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra su esposo y asesor, Manuel Zelaya, firmó en diciembre de 2022 un memorando de entendimiento con el secretario general de la ONU, António Guterres, pero dos años después, no se ha logrado implementar el mecanismo.
El gobierno de Castro ha enfrentado una crisis tras la cancelación del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, así como la divulgación de un video de 2013 en el que su cuñado, Carlos Zelaya, negocia con narcotraficantes apoyo para la campaña del ahora oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).
El canciller hondureño aseguró este lunes que el Gobierno está "abierto a conversar, dialogar y llegar a acuerdos" con el presidente estadounidense, Donald Trump, respecto al tratado de extradición, un acuerdo que Tegucigalpa dio por terminado en agosto de 2024, pero que seguirá vigente hasta el 28 de febrero de 2025.
El 28 de agosto, el Gobierno hondureño notificó a la Embajada de EE. UU. su decisión de “dar por terminado” el tratado de extradición después de que la embajadora estadounidense, Laura Dogu, expresara su preocupación por el encuentro de autoridades de Defensa de Honduras con el ministro de Defensa sancionado de Venezuela, Vladimir Padrino López, en el marco de un evento deportivo militar.
Varios sectores consideran que Castro canceló el acuerdo bilateral de extradición para proteger a familiares y altos funcionarios, ya que seis días después de su decisión fue publicado un video en el que se observa a narcotraficantes hondureños negociando sobornos con Carlos Zelaya, quien es hermano del expresidente Manuel Zelaya.
El canciller hondureño insinuó el 29 de agosto que la cancelación del tratado de extradición se debió al temor de que se usara como un "arma política" para extraditar a funcionarios y militares de alto rango.
En el video, divulgado el 3 de septiembre por la organización estadounidense InSight Crime, se escucha a Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los exlíderes del cartel Los Cachiros, ofreciendo un soborno al partido Libre, a lo que Carlos Zelaya responde que "la mitad debe ir para el comandante", refiriéndose a su hermano, el expresidente.
Castro condenó el 3 de septiembre "todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos" y, al día siguiente, su esposo y expresidente Manuel Zelaya cuestionó "la conducta abominable" de otras personas, incluyendo familiares, por reunirse con traficantes de drogas.
La eliminación del tratado de extradición provocó la renuncia de Carlos Zelaya como diputado y secretario del Parlamento hondureño, así como la de su hijo, José Manuel Zelaya, como ministro de Defensa.
El país, con casi 10 millones de habitantes, sufre la violencia criminal que deja entre 10 y 12 muertos diarios, la pobreza que afecta al más del 60 % de su población y otros flagelos como el narcotráfico, el crimen organizado y el desempleo. EFE
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