Lima, 23 ene (EFE).- Los jueces peruanos de segunda instancia que analizaron la demanda de amparo presentada contra el proyecto minero Ariana aceptaron, en mayoría, que supone una amenaza para el acceso al agua potable de Lima y su vecina Callao, pero postergaron hasta el 7 de marzo próximo la resolución sobre su eventual anulación, informaron este jueves los demandantes.
La organización civil CooperAcción, uno de los demandantes, informó que el Poder Judicial ya se pronunció sobre el caso al sostener que "Ariana sí es una amenaza al agua" de la capital peruana y de Callao, con la que forma una conurbación, tras ser notificados de la votación del juez dirimente.
"Es decir, ha quedado fuera de toda discusión que existe dicha amenaza", subrayó CooperAcción en un comunicado compartido en la red social X.
El voto dirimente del juez Romero Roca da la razón, en parte, a los demandantes, al confirmar que el proyecto significa "una amenaza cierta e inminente de vulneración de los derechos a acceder a agua potable y de gozar y disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado", precisó.
Sin embargo, aún persiste el desacuerdo sobre cómo se debe proceder frente a esa amenaza, agregó CooperAcción dado que los jueces continúan empatados en las eventuales medidas, después de la última audiencia realizada el 8 de enero último.
Dos de los magistrados han votado para declarar la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minas que autorizaron el proyecto, mientras que otro juez ha votado por mantener la validez de esas resoluciones.
En tanto, dos jueces votaron para ordenar que se haga un estudio técnico independiente e internacional en el plazo de 30 días para definir el futuro del proyecto.
Por su parte, otro de los magistrados votó para ordenar que el proyecto no inicie operaciones hasta que se realice un "Estudio de Impacto Ambiental complementario" en el plazo de 12 meses.
Ante este panorama, se ha convocado a una nueva audiencia dirimente en la primera sala constitucional de Lima, para el próximo 7 de marzo a las 9:30 hora local (14.30 GMT).
El proyecto Ariana, de la empresa Southern Peaks Mining, se sitúa en medio del sistema de lagunas Marcapomacocha, que abastece de más del 60 % del consumo de agua de Lima y Callao, lo que ha provocado la oposición de políticos, organizaciones y abogados que presentaron una demanda de amparo en 2019 para anularlo.
"Decidimos emprender un proceso legal, una demanda que tenía como objetivo cautelar el derecho que todos los peruanos tenemos de acceder al agua y percibimos que este derecho está siendo amenazado de manera directa e inminente por la construcción de este proyecto minero", indicó el ex viceministro de gestión ambiental, José de Echave.
Pese a su ubicación clave, el estudio de impacto ambiental del proyecto fue aprobado en 2016 por el Ministerio de Energía y Minas "ignorando las advertencias técnicas de varios organismos sobre los posibles impactos de las operaciones mineras", añadió.
El experto de CooperAcción subrayó que la denuncia no representa una posición antiminera, sino que protestan por donde está situada la mina Ariana y afirmó que, de activarse, sería "un tremendo error" para el abastecimiento y la calidad del agua. EFE
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