Johannesburgo, 23 ene (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, aprobó este jueves una ley que facilitará a los organismos del Estado -autoridades locales, provinciales y nacionales- la expropiación de tierras por interés público, siempre que se pague una compensación justa.
La Ley de Expropiación, que sustituye y actualiza la legislación existente que data de 1975, entra en vigor después de cinco años de deliberaciones parlamentarias y consultas públicas, explicó la Presidencia en un comunicado.
La normativa, ahora alineada con la Constitución sudafricana -que reconoce la expropiación como un mecanismo esencial para que el Estado adquiera la propiedad de alguien en interés público, siempre que se pague una indemnización justa y equitativa-, establece un marco común para guiar los procesos y procedimientos de expropiación por parte de los organismos estatales.
"Las autoridades locales, provinciales y nacionales usarán esta ley para expropiar tierras en interés público, con el objetivo, entre otros, de promover la inclusión y el acceso a los recursos naturales", indica el comunicado.
En 2017, el medio City Press informó de que los agricultores blancos poseían casi tres cuartas partes de las tierras agrícolas de Sudáfrica, a pesar de los esfuerzos gubernamentales durante 23 años para redistribuir tierras a la mayoría negra.
No obstante, según la Presidencia, una autoridad expropiadora no podrá expropiar una propiedad “de manera arbitraria ni por motivos ajenos al interés público”.
"La expropiación no puede ejercerse a menos que la autoridad expropiadora haya intentado, sin éxito, llegar a un acuerdo con el propietario o titular del derecho sobre la propiedad en términos razonables", asegura el comunicado.
Además, la ley contempla que los conflictos se remitan a mediación o a los tribunales correspondientes.
Según reportaron medios locales, algunos partidos del Gobierno de coalición sudafricano, como la Alianza Democrática (DA, en inglés) y el Frente de Libertad Plus (FF Plus), intentaron limitar el alcance del proyecto de ley haciendo que la normativa sólo se aplicara a los terrenos de propiedad estatal, pero no lo consiguieron. EFE
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