Dos funcionarios del cuerpo de seguridad del presidente surcoreano suspendido, Yoon Suk Yeol, han sido citados a declarar este sábado acusados por las autoridades policiales del intentar obstaculizar la detención del mandatario en el marco de la investigación abierta tras su intento de decretar la ley marcial a principios del pasado mes de diciembre.
Los trabajadores citados han sido identificados como el jefe interino del Servicio de Seguridad Presidencial (PSS), Kim Seong Hoon, y el jefe de los guardaespaldas de la agencia, Lee Kwang Woo, a los que se acusa de "obstruir" a los investigadores de la agencia anticorrupción estatal en su "intento infructuoso de ejecutar una orden de detención" contra Yoon el pasado 3 de enero, ha informado la agencia surcoreana oficial de noticias Yonhap.
Ambos han llegado a la sede de la Oficina Nacional de Investigación, donde habían sido citados para declarar con apenas 15 minutos de diferencia, a las 09.30 y 09.45 horas (hora local respectivamente.
Yoon Suk Yeol fue detenido este miércoles por cargos de insurrección tras declarar en diciembre la ley marcial, según ha informado la agencia anticorrupción del país, que ya intentó arrestarle sin éxito dos semanas antes.
Tras su arresto, Yoon fue interrogado antes de ser trasladado este mismo miércoles a un centro de detención, negándose el exmandatario a responder a las preguntas de los agentes sobre la declaración de la polémica ley, una decisión que provocó un gran despliegue militar en la capital y que ha sumido al país en una grave crisis política.
En un vídeo grabado y publicado tras ser detenido, el exmandatario aseguró que había "decidido aceptar comparecer para evitar un derramamiento de sangre", a pesar de considerar que se trata de "una investigación ilegal". Así, ha reiterado que la declaración de la ley marcial fue un "ejercicio de autoridad presidencial" destinado a enviar una advertencia al principal partido opositor ante una "crisis nacional".
El ex jefe de Estado se ha convertido en el primer presidente del país en ser arrestado y se encuentra a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su destitución.
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