El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado este viernes la liberación de los colonos que se encuentran bajo detención administrativa, una medida que llega de cara a la excarcelación de presos palestinos a cambio de la liberación de más de 30 secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023, en el marco de un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.
"De cara a la liberación de terroristas de Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania-- como parte del acuerdo de liberación de rehenes, he decidido liberar a los colonos en detención administrativa", ha dicho Katz en un comunicado publicado de cara a la reunión del gabinete de seguridad para ratificar el acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Asimismo, ha recalcado que de esta forma busca "trasladar un mensaje claro sobre el fortalecimiento y el apoyo a los asentamientos (en Cisjordania y Jerusalén Este), que están en el frente de la lucha contra el terrorismo palestino y hacen frente a un aumento de los desafíos de seguridad".
"Es mejor que las familias de los colonos judíos sean felices a que lo sean las familias de los terroristas liberados", ha zanjado el ministro de Defensa de Israel a través de un comunicado, en el que no especifica a cuántas personas afecta la medida.
El propio Katz anunció el 22 de noviembre el fin de la emisión de órdenes de detención administrativa contra colonos en Cisjordania y Jerusalén Este, una controvertida medida aplicada fundamentalmente a palestinos que permite mantener bajo arresto de forma indefinida y sin cargos a personas sospechosas de cargos contra la seguridad.
En este sentido, argumentó que "en una realidad en la que los asentamientos judíos en Judea y Samaria son sometidos a graves amenazas terroristas palestinas y a sanciones internacionales injustificadas, no es apropiado que el Estado de Israel adopte unas medidas tan severas contra los colonos".
El anuncio fue aplaudido por varios miembros del Gobierno de Israel --encabezado por Benjamin Netanyahu e integrado por partidos ultraortodoxos y ultraderechistas--, así como por integrantes de los movimientos a favor de la expansión de los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados.
La política de detenciones administrativas ha provocado numerosas críticas por parte de la comunidad internacional. Además, el Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, si bien el Gobierno de Israel diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, que son los únicos que considera contrarios a su legislación nacional.
Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) afirmó en julio que la política de asentamientos israelí es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzoso de personas y que, en particular en lo referente a la explotación de los recursos naturales y la imposición de leyes nacionales, es constitutiva de un esfuerzo de anexión y contraria al Derecho Internacional.
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