Lima, 16 ene (EFE).- El Congreso peruano aprobó en 2024 varias leyes que socavaron la independencia judicial y debilitaron la democracia, alertó Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este jueves, en el que señala la corrupción, la impunidad, la pobreza y la inseguridad como principales problemas de Perú.
"En 2024, el Congreso peruano aprobó leyes y adoptó otras decisiones que socavaron la independencia judicial, debilitaron instituciones democráticas y obstaculizaron investigaciones sobre el crimen organizado, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos", precisa el informe.
Indica que la presidenta peruana, Dina Boluarte, "hizo poco o ningún esfuerzo para detener estos ataques del Congreso contra la democracia y el Estado de derecho".
Añade que el Ejecutivo "también aplicó políticas que contribuyeron a la erosión de las normas democráticas", como una ley para limitar las protestas y un creciente desprecio hacia la independencia judicial.
HRW expone que la corrupción es un factor importante que impulsa el deterioro de las instituciones públicas, de los servicios públicos y la destrucción ambiental en Perú.
En este sentido, recuerda que cinco expresidentes han sido acusados de corrupción, que Boluarte continúa bajo investigación por presuntamente recibir relojes de lujo de un gobernador regional, entre otras pesquisas abiertas por el Ministerio Público, y que en mayo de 2024, 67 de los 130 miembros del Congreso estaban bajo investigación criminal por corrupción y otros delitos.
Por otro lado, HRW sostiene que en marzo de 2024, el Parlamento destituyó a dos miembros del máximo órgano de la judicatura, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y señaló que en ese momento, ambos "estaban investigando un presunto plan de tráfico de influencias que involucraba a miembros del Congreso y la entonces procuradora general Patricia Benavides".
"A lo largo de 2024, el Congreso avanzó en sus esfuerzos por debilitar a la Junta Nacional de Justicia, órgano encargado de nombrar y remover a jueces, fiscales y autoridades electorales, lo que ha jugado un papel clave en la protección de la separación de poderes en el Perú", indica HRW.
Asimismo, destaca la aprobación de una ley que dispone la investigación de delitos a manos de la policía, quitándole funciones a la Fiscalía, pese a advertencias de que esto debilitaría la eficiencia y rapidez de las investigaciones, y pese a ello, Boluarte no lo vetó.
Delincuencia e impunidad
El reporte expone que en octubre de 2024 el número de homicidios ya superó el número total en 2023, y las denuncias penales por extorsión se multiplicaron por cinco entre 2021 y 2023.
Para paliar esta situación, el Gobierno de Boluarte declaró en emergencia diversos distritos de la capital y en otros puntos del país, una estrategia que ha sido a menudo "ineficaz", dijeron expertos en seguridad a Human Rights Watch.
Por último, indica que el Congreso aprobó un proyecto de ley que permite que prescriban crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2003, lo que contradice a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y favorece a la impunidad en los casos del conflicto armado que sacudió el país desde 1980 hasta el 2000.
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