El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha inaugurado la primera conferencia de 'CERMI Territorios', por lo que inicia el año 2025 con el foco puesto en la acción territorial en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Durante la sesión, se presentó el informe 'Comparador CERMI Territorios 2024', una herramienta digital que analiza indicadores clave sobre discapacidad en las distintas Comunidades Autónomas. Así, revela que, durante 2024, se realizaron actualizaciones de datos proporcionados por diversos CERMIs autonómicos, con un total de 4.403 visitas a la web, concentrándose las consultas en temas como Centros Especiales de Empleo y Centros de Educación Especial.
También se destacó el primer Informe de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en Cataluña elaborado por COCARMI, que visibiliza denuncias y avances desde 2019. Además, se abordaron retos como la reconstrucción tras la DANA en la Comunidad Valenciana, la incorporación de la discapacidad en los planes de emergencias y la necesidad de garantizar financiación sostenible para el sector social, según indican desde el CERMI.
En la jornada, el responsable del Equipo del CERMI Estatal del apoyo a los CERMIS Autonómicos, Jorge Abad Soto, mencionó la inclusión de nuevos indicadores para el año 2024 y las propuestas para 2025, que incluyen la incorporación de indicadores relacionados con normativa autonómica. Por su parte, la directora ejecutiva del CERMI Estatal, Pilar Villarino, subrayó la importancia de los datos generados por el comparador como una herramienta fundamental en la era de la inteligencia artificial.
Por su parte, la presidenta del CERMI Andalucía, Marta Castillo Díaz, destacó los logros y retos derivados de las recientes movilizaciones en la comunidad autónoma y, resaltó el éxito de la manifestación del pasado 3 de diciembre de 2024, en la que participaron 15.000 personas en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Además, esperan reunirse con el presidente de la Junta de Andalucía en este enero de 2025 para abordar la falta de subvenciones nominativas, el aumento del coste por plaza y la garantía de sostenibilidad para centros de día y ocupacionales, como han señalado desde CERMI.
Respecto al presidente del CERMI Comunidad Valenciana, Luis Vañó Gisbert, destacó en su intervención los esfuerzos realizados desde el colectivo organizado para minimizar el impacto de la DANA entre las personas con discapacidad y sus familias.
Vañó también subrayó la elaboración de un informe estratégico que recopiló datos y puso el foco en la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad afectadas, con el fin de ser una hoja de ruta para futuras emergencias, fomentando la "corresponsabilidad y solidaridad" entre las entidades y las administraciones, e insistió en la necesidad de incluir las propuestas del tercer sector en un Plan Territorial de Emergencia Inclusiva, entregado a la conselleria de Interior, para garantizar una mejor respuesta en el futuro.
En el caso de la directora técnica del CERMI Madrid, María Jesús Baile, detalló las modificaciones en la legislación autonómica de la Comunidad de Madrid, orientadas a adaptar la terminología sobre discapacidad en línea con el artículo 49 de la Constitución.
A pesar de que la actualización integral del Estatuto autonómico aún está pendiente, destacó que ya se han eliminado más de 120 términos inapropiados y se han modificado 16 decretos y 11 leyes. Según Baile, "lo más importante ha sido garantizar el uso adecuado de la terminología, lo que representa un avance esencial en la normativa inclusiva de Madrid".
La directora técnica de COCARMI, Inma Gómez, presentó el primer 'Informe de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en Cataluña', en el que ofreció un análisis del periodo 2019-2024, marcado por la pandemia. Este informe recopila 516 denuncias, de las cuales el 40% están relacionadas con la falta de accesibilidad, especialmente en las Administraciones.
También destaca 95 avances, aunque Gómez lamentó que "el modelo centrado en derechos humanos y en la Convención, aún no se está cumpliendo en Cataluña". Actualmente, el informe está en proceso de envío a las Administraciones.
El representante de CERMI Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, propuso al Plan de Actuación la creación de una herramienta conjunta para registrar y analizar en tiempo real las vulneraciones de derechos recogidas en la Convención. Pilar Villarino destacó el papel de la Red de Defensa Legal en este ámbito.
Finalmente, la directora ejecutiva del CERMI Estatal, Pilar Villarino, convocó a los CERMIS autonómicos a presentar propuestas para integrar el Plan de Actuación del CERMI Estatal, estableciendo en torno al 24 de febrero de 2025 como fecha límite para su envío, un plan que busca reflejar las necesidades y prioridades de los distintos territorios en una estrategia nacional conjunta.
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