La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha evidenciado este viernes su "profunda" preocupación ante el aumento de víctimas civiles en el estado birmano de Rajine, después de que más de 40 civiles, entre ellos varios niños, murieran este miércoles en un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Birmania contra posiciones de los rebeldes del Ejército de Arakán (AA) en la isla de Ramree, en este estado del oeste del país.
"Los combates en Rakhine se han intensificado recientemente, y los civiles pagan el precio más alto del conflicto. Los civiles se enfrentan a riesgos extremos, una inseguridad alimentaria aguda y un colapso casi total de los servicios públicos esenciales", ha lamentado el Coordinador Humanitario de la ONU en el país, Marcoluigi Corsi, en un comunicado en el que ha asegurado que, además, alrededor de 500 viviendas han quedado destruidas.
Así las cosas, Corsi ha instado a "todas las partes" involucradas en el conflicto a cumplir con "sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario", así como a asegurar "la protección de los civiles y los bienes civiles, los trabajadores humanitarios y los suministros" y a garantizar un "acceso humanitario sin trabas para prestar ayuda a los más vulnerables".
Residentes locales advirtieron, tras el ataque de este miércoles, del grave peligro que corrían las personas heridas en el incidente dada la escasez de medicamentos en la región. La isla de Ramree se encuentra bajo control de los rebeldes y, desde principios de 2024 es objetivo de los ataques de la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de febrero de 2021.
Los ataques del Ejército de Arakán en Rajine comenzaron en noviembre del año pasado y, desde entonces, los rebeldes se han hecho con el control de 14 de los 17 municipios de la zona, así como el Paletwa, en el estado adyacente de Chin.
El golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Aung San Suu Kyi se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.
La asonada fue el inicio de una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes. La Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP) estima que más de 27.000 personas han sido detenidas desde el golpe de Estado, de las cuales 20.715 siguen encarceladas. Además, la AAPP cifra en 5.480 los fallecidos como consecuencia de la acción violenta de las fuerzas militares desde la asonada.
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