Lima, 8 ene (EFE).- El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, denunció este miércoles que fue denunciado ante su propia institución por el Gobierno de Perú por haber cuestionado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo que, en su opinión, afectan la institucionalidad democrática de su país.
"Hace pocos días hemos recibido una denuncia de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, denunciando al decano, y a otros directivos que estuvimos presentes en una reunión que nos solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", señaló Canelo en un video publicado en la página del CAL en la red social X.
Detalló que la denuncia señala que no pidieron "permiso a la asamblea para hablar con la Comisión Interamericana" y que en esa reunión faltaron a la verdad al decir "que se está atentando contra la institucionalidad, por cuanto el Congreso y el Ejecutivo están generando un conjunto de leyes, y el Ejecutivo no las objeta, que afectan la marcha democrática del país".
"Se trata, evidentemente, de una política de amedrentarnos, de ir y atentar contra derechos que tenemos como cualquier ciudadano, no porque soy decano. Cualquier ciudadano tiene derecho a la opinión, a la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de reunión; podemos estar o no de acuerdo con lo expresado, pero eso no significa que me denuncien, a mí y a los directivos", remarcó.
Canelo añadió que le "da lástima esta situación, porque afecta también la imagen del propio Gobierno" que preside Dina Boluarte, ya que "es una suerte de práctica de dictadorcillos, que no corresponde con una democracia".
"No puede ser que se pretenda amordazar a quienes, desde una perspectiva técnica y legal, no politizada, estamos cuestionando algunas decisiones legales gubernamentales, no estamos hablando de temas político partidarios", enfatizó.
Pidió, en ese sentido, al Gobierno "que reflexione" y anunció que se reserva "el derecho de comunicar" esta situación a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Vamos a informales a ellos que ahora sí estamos siendo objeto de presiones, de amenazas; ellos lo preguntaron (en la reunión) y les dijimos no, no tenemos ninguna amenaza; pero ahora sí hay una amenaza. Lo haremos", concluyó.
En respuesta, la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Sara Farfán, declaró al canal N de televisión que el Gobierno considera que "es muy importante que los gremios entiendan que el espacio donde se abordan los problemas públicos (peruanos) es el ámbito interno, no en el externo".
"Lo que sí lamentamos ahora es que el señor decano, cuando ha salido a expresar su comunicado, ha hecho una vez más declaraciones que no se ajustan a la verdad", sostuvo antes de agregar que "no se le está amordazando, no se le está denunciando, no se está coartando sus libertades".
Farfán agregó que el Gobierno no ha "hecho ninguna demanda civil, ninguna demanda penal" contra Canelo y los directivos del CAL y solo ha "invocado al propio Colegio de Abogados que haga una evaluación" de este tema. EFE
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