El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el 2025 como Año del Pueblo Gitano en España para conmemorar el 600º Aniversario de su llegada a España.
Según se detalla en la declaración, se trata de una acción que supone "una oportunidad histórica" para "reconocer y celebrar" la "profunda huella cultural, social y lingüística" que el pueblo gitano ha dejado en España. Además, pretende "reconocer las injusticias históricas y actuales a las que se enfrenta el pueblo gitano".
La declaración recalca "la exclusión, la persecución y la discriminación" que "sufre y ha sufrido" el pueblo gitano en España. Por ello, tal y como se explica en el texto, el Gobierno asume este aniversario no solo como un acto de memoria histórica, sino como un compromiso institucional para "combatir las desigualdades que aún persisten" y para "actuar con mayor determinación en la construcción de una sociedad más inclusiva, igualitaria y democrática".
En este sentido, el Ejecutivo recuerda que las personas gitanas siguen enfrentándose a "importantes barreras" en áreas claves como la educación, el empleo, la vivienda y la salud. "La discriminación estructural y los prejuicios no solo limitan sus oportunidades, sino que perpetúan la exclusión social y económica", manifiesta en el documento, donde también reconoce que "estas desigualdades son el resultado de siglos de rechazo, racismo, discriminación y marginación".
Esta declaración ha sido presentada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y ha sido suscrita por otros ministerios que figuran como coproponentes: Trabajo y Economía Social; Política Territorial y Memoria Democrática; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Igualdad; y Juventud e Infancia.
Se trata, por tanto, de una iniciativa interministerial con la que el Gobierno de España ofrece un reconocimiento oficial al pueblo gitano en este año 2025 en el que se celebran 600 años de convivencia en el país. En concreto, la efeméride de su llegada a España será este domingo, ya que fue un 12 de enero del año 1425 cuando el pueblo gitano entró en la Península Ibérica a través del reino de Aragón, tal y como quedó registrado en el salvoconducto otorgado por el Rey Alfonso V de Aragón.
Asimismo, en la declaración se hace un repaso a las "innumerables adversidades" a las que se han enfrentado las personas gitanas durante estos siglos en España y se mencionan algunas como "las expulsiones, la legislación discriminatoria, la estigmatización o la falta de reconocimiento". También destaca que "a pesar de ello, el pueblo gitano ha demostrado una gran capacidad de resiliencia y adaptación, manteniendo viva su identidad cultural y enriqueciendo el desarrollo de España".
Con motivo de este aniversario, en la declaración se pone en valor la Comisión de Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano que el Gobierno de España puso en marcha en 2024 y que elaborará un informe que aporte medidas para aplicar a la comunidad gitana "los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición".
También subraya la labor de la sociedad civil a través de las organizaciones y asociaciones que "trabajan, día a día, para mejorar la situación de las personas gitanas". En este sentido, destaca a aquellas que forman parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, "cuyo esfuerzo ha sido y sigue siendo fundamental", recoge el documento, para implementar la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano en España aprobada en 2021.
En el texto se certifica, además, la declaración del 2025 como el Año del Pueblo Gitano en España con el objetivo de "asegurar un futuro más equitativo y justo para el pueblo gitano y, por ende, para toda la sociedad española".
En esta misma línea, también recopila las acciones que se han llevado a cabo en los últimos años para alcanzar esta meta, como la aprobación en 2022 de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y la introducción en el Código Penal (en los artículos 22.4ª y 51) del antigitanismo como circunstancia agravante y como finalidad constitutiva de un delito de odio específico contra los gitanos y las gitanas. También la Ley de Empleo, aprobada en 2023, en la que se incorporó a las personas gitanas como colectivo de atención prioritaria.
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