La ONU ha reclamado al Gobierno de Venezuela que garantice el derecho de la población a opinar y manifestarse "sin miedo a posibles represalias", en vísperas de alcanzar la próxima semana la fecha en la que arranca el nuevo mandato presidencial y sin que se hayan resuelto aún las dudas surgidas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.
La Misión Internacional Independiente de Investigación ha lanzado "un fuerte llamamiento" con vistas al teórico punto de inflexión del 10 de enero. Su presidenta, Marta Valiñas, ha exhortado a las fuerzas de seguridad a "comportarse con los más estrictos estándares internacionales en materia del uso de la fuerza", después de que más 2.400 personas fuesen detenidas durante las movilizaciones postelectorales.
El Ministerio Público ha asegurado que más de 1.300 de estos detenidos están ya en libertad, pero la ONG Foro Penal estima que en las cárceles de Venezuela sigue habiendo más de 1.800 presos recluidos por razones de índole política.
"Toda conducta violatoria de derechos debe ser investigadas de manera pronta, exhaustiva e imparcial y juzgadas por tribunales independientes con pleno respeto al debido proceso", ha dicho Valiñas. Otro de los miembros de la misión, Francisco Cox, ha señalado que tanto quienes ordenan las detenciones "arbitrarias" y las "torturas" como quienes las ejecutan son penalmente "responsables" a título individual.
Cox ha advertido en un comunicado de que, en Venezuela, "el aparato represor sigue plenamente operativo", por lo que su equipo ha vuelto a reclamar la puesta en libertad de todas las personas arrestadas de manera arbitraria y el respeto de la disidencia social y política.
En este sentido, la experta Patricia Tappatá ha señalado que "la persecución a las personas opositoras o a quienes el Gobierno considera como tales, no sólo no se ha detenido, sino que ha tomado la forma de un ataque sistemático a la libertad de quienes piensan distinto".
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reivindica su derecho a tomar posesión de un nuevo mandato el 10 de enero, pese a que los órganos oficiales, controlados por el chavismo, no han publicado las actas que acrediten su supuesto triunfo. El principal candidato opositor, Edmundo González, exiliado en España, esgrime que es él quien debe asumir el poder e incluso ha prometido regresar a Venezuela.
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