Lima, 29 dic (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) de Perú delimitará a inicios del próximo año hasta dónde y sobre qué base se puede investigar a un gobernante del país en funciones, informó la presidenta de ese organismo, Luz Pacheco.
La magistrada anunció, en una entrevista publicada este domingo por el diario El Comercio, que esta decisión se tomará durante el primer trimestre de 2025, en respuesta a una demanda de competencias que ha planteado el Ejecutivo que preside Dina Boluarte contra el Ministerio Público.
"Vamos a delimitar hasta dónde, sobre qué base se puede investigar a la presidenta, porque indudablemente la Presidencia de la República debe tener alguna protección. Es una persona aforada y hay que verlo con detalle", explicó.
Añadió que actualmente están esperando que el Ministerio Público conteste la demanda planteada por el Ejecutivo, tras lo cual programarán una audiencia pública, ya que están "comprometidos a sacar estos temas cuanto antes".
Boluarte, cuyo gobierno debe culminar el 28 de julio de 2026, cumplió el pasado 7 de diciembre dos años de mandato en medio de escándalos judiciales, con investigaciones que incluyen abandono del cargo, corrupción o encubrimiento.
La Fiscalía la investiga por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y principios de 2023, por el uso no declarado de relojes de lujo y joyas, y por un presunto encubrimiento del líder del partido marxista Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el que la gobernante militó hasta 2022.
También por sus presuntos tratos irregulares con la entonces fiscal general Patricia Benavides, quien fue destituida por supuestamente liderar una red corrupta en el Ministerio Público, y por un supuesto abandono del cargo, por no haber comunicado que se sometería a una cirugía en la nariz en 2023.
Pacheco comentó, al respecto, que la gran cantidad de denuncias que existen contra la mandataria "indudablemente afecta" a la institución presidencial y consideró que por eso es importante que el TC decida en este conflicto de competencias.
"Nuestra sentencia contribuirá a clarificar esa salida para encontrar el punto de equilibrio. En el caso concreto de la presidencia estamos preocupados, como todos los ciudadanos", remarcó.
La fiscal general, Delia Espinoza, ha citado a Boluarte para que el próximo 2 de enero rinda su testimonio en la investigación abierta en su contra por presunto abandono temporal del cargo, a raíz de la cirugía a la nariz, mientras que el 15 de enero deberá declarar en la investigación por el presunto encubrimiento de la fuga de Cerrón. EFE
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