
La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés) ha confirmado este martes que cinco zonas de Sudán se encuentran ya en situación de hambruna y que otras cinco más están a punto de correr el mismo destino no más tarde de mayo de 2025 merced al devastador conflicto armado que lleva sacudiendo el país africano desde abril del año pasado.
La situación de hambruna es declarada en una zona cuando el 20 por ciento de los hogares se enfrenta a una escasez extrema de alimentos, el 30 por ciento de los niños sufren desnutrición aguda y la tasa de mortalidad diaria supera los dos fallecidos por cada 10.000 personas, o cuatro por cada 10.000 niños menores de cinco años.
A la hambruna confirmada en agosto de este año en el campamento de refugiados de Zamzam, en el estado de Darfur Norte, se han sumado desde entonces a los campamentos de Al Salam y Abú Shuk, así como a las montañas Nuba. Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, se prevé que la hambruna se extienda a más localidades de Darfur del Norte, entre ellas Um Kadadah, Melit, El Fasher (la capital del estado), At Tawisha y Al Lait.
Además, existe riesgo de hambruna en las montañas de Nuba Central (incluidas las localidades de Delami, Kadugli Occidental, Um Durein y Al Buram) y en las zonas que probablemente experimenten una gran afluencia de desplazados internos en Darfur del Norte y del Sur, entre ellas Tawila, Nyala Janoub, Nyala Shimal, Beliel, Shataya, As Sunta, Buram y Kas en Darfur del Sur, así como Medani Al Kubra y Sharg Gezira en el estado de Gezira; Mayo y Alingaz en Jebel-Awilia, estado de Jartum; y Al Firdus en el estado de Darfur Este.
El IPC recuerda que más de la mitad de la población de Sudán, 24,6 millones de personas, atraviesan niveles elevados de inseguridad alimentaria -- y unas 680.000 se encuentran en la alerta 5, la más elevada, situación de "catástrofe" -- por un conflicto entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) que ha reactivado históricas rivalidades intercomunitarias en el oeste del país.
Las consecuencias directas: desplazamientos masivos sin precedentes, una economía colapsada, la extinción de los servicios sociales esenciales, el colapso de la estructura social y la ausencia de acceso a la ayuda humanitaria.
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