Lima, 23 dic (EFE).- El Décimo Juzgado Constitucional de Lima rechazó este lunes un recurso presentado por la destituida fiscal general Patricia Benavides que buscaba su reposición en el cargo, según una resolución publicada por los medios locales.
El juzgado declaró improcedente una demanda de amparo de Benavides para que se reponga al estado de cosas anterior a la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, cometida presuntamente en el proceso administrativo que determinó su destitución.
La sala recordó que el pasado 18 de octubre la fiscal suprema Delia Espinoza fue elegida como nueva Fiscal de la Nación para el periodo 2024-2027.
El juzgado resolvió que el presente caso puede ser resuelto a través de la vía contencioso administrativa y que "no existe necesidad de tutela urgente, ni existe una amenaza de irreparabilidad".
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la judicatura peruana, ratificó en octubre pasado la destitución de Benavides por haber interferido en una investigación abierta contra su hermana, la entonces jueza Enma Benavides, quien también fue cesada del cargo.
Los miembros de la JNJ rechazaron, por unanimidad, una reconsideración presentada por Benavides a su destitución como fiscal suprema y Fiscal de la Nación (general) aprobada en primera instancia en mayo pasado.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró fundado un recurso de queja presentado por los abogados de Benavides, quien es investigada por presuntamente haber liderado una red criminal en el Ministerio Público, contra la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que le denegó en agosto pasado una demanda de amparo luego de que la JNJ la destituyera.
En ese sentido, consideró que el recurso fue "incorrectamente denegado" y dispuso su admisión a trámite "y que se remitan los actuados a este Tribunal Constitucional para su revisión".
El amparo plantea que se declaren nulos todos los actos que tomó la JNJ en su contra, incluidas las investigaciones preliminares y procesos disciplinarios que se le abrieron.
Al respecto, el abogado Aníbal Quiroga, uno de los defensores de Benavides, declaró al Canal N de televisión que esta medida es "un primer paso para que se le reconozcan sus derechos constitucionales".
"Lo que va a pasar es que el Poder Judicial tiene que elevar el expediente al Tribunal (Constitucional) y este lo estudiará y resolverá", explicó.
Comentó, además, que el tema será resuelto en un plazo de tres a seis meses y que en el TC tendrán "un escenario de absoluta imparcialidad" para exponer sus argumentos contra la decisión que tomó la JNJ.
Benavides también es investigada por la presunta comisión de delitos como cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible, por supuestamente haber liderado una organización de tráfico de influencias al interior del Ministerio Público. EFE
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