Los Estados miembros de la Unión Europea han adoptado este lunes las primeras sanciones por ataques híbridos rusos y campañas de desinformación, en concreto contra 19 personas y entidades implicadas en ataques contra infraestructuras críticas y procesos democráticos en la Unión, en las primeras restricciones de la UE desde que aprobara este plan de sanciones el pasado octubre.
Entre los individuos sancionados destaca Andrei Averyanov, alto cargo militar ruso al que la UE atribuye la reestructuración de la organización paramilitar Grupo Wagner tras la muerte el fundador Yevgeni Prigozhin, en un accidente aéreo en verano de 2023 tras liderar un motín contra el Kremlin. Tras este episodio el Grupo Wagner pasó al paraguas del Ministerio de Defensa ruso, bajo mando de Averyanov.
Los 27 señalan también a distintos cargos militares en el seno de la Inteligencia rusa y a altos cargos responsables de campañas de desinformación incluyendo a Sofia Zajarova, jefa del departamento en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Infraestructura de Comunicaciones.
Respecto a entidades, el bloque sanciona a la unidad 29155 de la Inteligencia rusa por su implicación en asesinatos en el extranjero y actividades de desestabilización, como atentados y ciberataques en toda Europa.
Igualmente sitúa en su 'lista negra' al 'Grupo Panafricano para el Comercio y la Inversión', red de desinformación en África por campañas de influencia prorrusa, especialmente en la República Centroafricana y Burkina Faso, e 'Iniciativa Africana', una agencia de noticias acusada de difundir propaganda rusa sobre los países africanos.
También sanciona a los ideólogos de la campaña 'doppelganger' para crear medios digitales con apariencia occidental en Europa, Estados Unidos y Ucrania para esparcir propaganda favorable a la agresión rusa en Ucrania.
La UE acordó en octubre un nuevo régimen de sanciones contra los responsables de acciones del Gobierno de Rusia que socaven o amenacen la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad en la UE o sus Estados miembros, aparte de organizaciones internacionales o terceros países. Las restricciones consisten en la congelación de activos y prohibición de viajar, como es el caso habitual de las sanciones europeas.
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