La Federación Estatal de Trabajadoras de la Administración Pública (FETAP) de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha presentado una demanda judicial contra la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 9 de julio de 2024 que regula los procesos selectivos de ingreso y promoción interna en cuerpos de la Administración General del Estado (AGE).
Según ha denunciado este lunes la CGT, dicha resolución "excluye" a los funcionarios clasificados en el Grupo B, quienes lograron esta reclasificación mediante sentencia judicial, del derecho a participar en promociones internas al Subgrupo A2, restringiendo esta opción únicamente a los funcionarios del Subgrupo C1.
"Esta exclusión supone una vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad consagrados en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española, además de contravenir derechos fundamentales recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), como la promoción interna y la carrera profesional", argumenta el sindicato.
En su opinión, esta medida "es una técnica de coacción que castiga a quienes han reclamado su reclasificación, enviando un mensaje intimidatorio a los trabajadores: Quien ose defender sus derechos será excluido de promociones internas y concursos de traslados", expone.
Para la CGT, esta exclusión constituye un "ataque directo" a los derechos de los funcionarios del Grupo B, creando "un precedente peligroso que perpetúa desigualdades y utiliza el sistema normativo como herramienta punitiva".
"La Administración está enviando un mensaje claro de que reclamar justicia se paga caro", denuncia la organización en un comunicado.
La resolución impugnada judicialmente por la CGT representa, a su entender, "una discriminación inaceptable" hacia el colectivo del Grupo B, que cumple con los requisitos legales y profesionales para optar a la promoción interna.
"Esta exclusión no sólo quiebra los principios de igualdad de trato y progresión ordenada establecidos en el EBEP, sino que también afecta gravemente a la confianza en las instituciones públicas", avisa.
Por todo ello, la CGT exige la anulación de esta resolución y la garantía de los derechos de los funcionarios del Grupo B a participar en procesos de promoción interna y concursos de traslado en igualdad de condiciones.
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