Bruselas avala que en casos "excepcionales" se realicen devoluciones en caliente en la frontera con Bielorrusia

La Comisión Europea ha avalado este miércoles que los Estados miembro con frontera directa con Bielorrusia puedan llevar a cabo devoluciones en caliente en circunstancias "excepcionales" y por un tiempo limitado si es para hacer frente a un "ataque híbrido" en el que Minsk y Moscú empleen la migración irregular como arma para presionar y desestabilizar a la Unión Europea.

"Aquí estamos claramente hablando de seguridad, no hablamos de política migratoria. Se trata de un asunto de seguridad", ha zanjado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, sobre la comunicación que Bruselas ofrece a los gobiernos nacionales con aclaraciones sobre los supuestos en los que pueden suspender el derecho de asilo.

Así, Bruselas apunta que cualquier medida extraordinaria frente al uso de la migración como arma de presión extranjera debe ser "temporal" y "proporcionada" y ello respetando el Derecho internacional y europeo; pero añade en el documento recogido por Europa Press que la Convención de Ginebra "prevé expresamente una excepción al principio de no devolución" y señala "ciertas situaciones excepcionales en las que dicho principio no puede aplicarse".

Sobre este punto, el texto comunitario explica que la excepción se refiere a personas de las que haya "motivos razonables para considerar que constituyen un peligro para la seguridad del país" o que hayan sido condenadas por delitos graves y constituyan "un peligro para la comunidad".

En su análisis del contexto geopolítico actual, Bruselas describe la presión migratoria en la frontera con Bielorrusia como un ataque por parte de "Estados hostiles" que pretenden "desestabilizar la región con la guerra en Ucrania y usan la migración como "arma para socavar la seguridad de la Unión".

Asimismo recalca que es responsabilidad de cada Estado miembro garantizar la seguridad nacional y afirma que la Comisión Europea "reconoce que los Estados miembro deben ser capaces de hacer lo necesario para defenderse de los ataques híbridos llevados a cabo por Rusia y Bielorrusia y salvaguardar su seguridad nacional, orden público y su soberanía".

"Cuando hay una instrumentalización de la migración se necesitan medidas excepcionales y hemos querido aclarar los límites", ha dicho en su comparecencia Virkkunen, quién ha evitado mencionar expresamente el principio de no devolución en caliente que recoge el Derecho europeo e Internacional, pero ha insistido en que hay "situaciones excepcionales" en las que los Estados miembro "pueden limitar el ejercicio del derecho al asilo".

EL PACTO DE MIGRACIÓN DEBE APLICARSE

En este contexto, la conservadora finlandesa ha afirmado que la aplicación del Pacto de Migración y Asilo que ya cuenta con instrumentos para hacer frente a los ataques híbridos sigue siendo una prioridad para Bruselas, pero ha argumentado que su plena aplicación no está prevista hasta 2026 y es necesario de dar "herramientas" entretanto a países como Polonia y Finlandia.

La comunicación que el Ejecutivo comunitario remite a las capitales reconoce así que hay "situaciones excepcionales" en los que las autoridades pueden suspender el derecho al asilo que les obliga a registrar y examinar todas las peticiones de asilo que se presenten en su territorio.

Virkkunen, no obstante, ha insistido en que esto sólo podrá darse "en condiciones muy estrictas y dentro de los límites legales, siendo claramente (medidas) excepcionales, temporales y proporcionales". La vicepresidenta comunitaria ha defendido que todos estos supuestos están "claramente definidos", pero no ha respondido en su comparecencia ante la prensa sobre cuáles son esos plazos limitados que admite Bruselas.

La Unión Europea debe mostrarse "solidaria" con los Estados miembro que sufren ataques híbridos desde la invasión rusa de Ucrania, esto es, Polonia, Letonia, Lituania y Finlandia, según ha enumerado Virkkunen, tras la que ha sido la primera reunión de la nueva Comisión de Ursula von der Leyen, que inició la legislatura el pasado 1 de diciembre.

El Colegio de Comisarios ha dado luz verde al documento que explica los supuestos en los que los gobiernos pueden suspender el derecho de asilo para dar respuesta a una "situación grave y persistente", en palabras de la vicepresidenta, que se produce especialmente en la frontera de Bielorrusia con Polonia, país que ya estaba tomando medidas en este sentido antes de que Bruselas tomara posición.

Según los datos ofrecidos por el Ejecutivo comunitario, las llegadas irregulares en esa frontera han aumentado un 66% y ello con indicios claros de que las autoridades rusas están "facilitando los movimientos ilegales", según Virkkunen, porque "más del 90%" de los migrantes detectados llegaban con "visado ilegal de estudiante o turista" expedido por Rusia.