Jerusalén, 9 dic (EFE).- El Gobierno israelí aprobó este lunes la propuesta del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para asignar al Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, en manos del radical Amichai Chikli, la responsabilidad del equipo encargado de registrar en Israel a las ONG dedicadas a dar asistencia a los palestinos.
"El registro de las organizaciones es la condición para garantizar visados de trabajo a las organizaciones con empleados extranjeros, (el comité interministerial formulará recomendaciones para dar permisos de trabajo a los empleados de distintas organizaciones), recogió un comunicado de la oficina del primer ministro.
Así, el comité interministerial que permitirá o no el trabajo de los cooperantes en Israel queda en manos de Chikli, que con anterioridad ha llegado a asegurar que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), recientemente prohibida por el Gobierno israelí, carecía de legitimidad para existir.
Hasta ahora, el Ministerio de Asuntos Sociales estaba a cargo de dirigir el comité.
"El comité interministerial podrá, entre otras cosas, recomendar rechazar peticiones de registro de una organización o no recomendar a sus empleados por su implicación en llamamientos a boicotear Israel o promover actividades que deslegitimen al Estado de Israel", informó la oficina de Netanyahu.
El comunicado, sin embargo, no especifica qué será considerado un llamamiento al boicot de Israel o qué actividades deslegitiman a este país, lo que queda en el terreno de la agencialidad del comité.
Chikli, en declaraciones antiguas, ha mostrado su oposición frontal al movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), dirigido a hacer presión económica y política hacia Israel en favor de palestina, asegurando que es un movimiento antisemita.
La decisión llega en un momento en el que la labor de las ONG es cada vez más complicada en Israel, con muchos de sus trabajadores viéndose obligados a utilizar visados de turista de apenas tres meses, teniendo que salir y entrar del país habitualmente para poder renovarlos y llevar a cabo su labor.
A finales de octubre, la Knéset (el Parlamento israelí) aprobó dos leyes que permitirán cerrar las oficinas de la Agencia de la ONU para los Refugiados palestinos y obstruir así su actividad.
Israel ha justificado estas leyes asegurando que unos 2.100 empleados de la UNRWA pertenecen a la organización islamista Hamás, pero sin presentar pruebas contundentes.
En enero acusó a 12 de sus más de 30.000 trabajadores de participar activamente en los ataques del 7 de octubre de 2023, a lo que la agencia respondió de inmediato abriendo una investigación interna y despidiéndolos.EFE
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