Lima, 7 dic (EFE).- El Gobierno de Perú definió como un "problema público" en su país a "la desigualdad y discriminación estructural en el ejercicio pleno de los derechos de las personas" y estableció una política nacional para enfrentar esta problemática en los próximos años.
La Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos a 2040 fue publicada este sábado en el diario oficial El Peruano y estableció roles, obligaciones y responsabilidades de cumplimiento obligatorio por la Administración pública, así como por las personas jurídicas del derecho privado y la sociedad civil.
El decreto supremo, suscrito por la presidenta Dina Boluarte y por diez ministros, indicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) se encargará de la conducción, seguimiento y evaluación de esta política.
En sus disposiciones definió como un "problema público" a "la desigualdad y discriminación estructural en el ejercicio pleno de los derechos de las personas" y sostuvo que se presentan "de manera sistemática y con motivo de condiciones o circunstancias que, históricamente, ponen en situación de vulnerabilidad a ciertos colectivos frente a otros".
Agregó que esto constituye "una clara afectación al principio y derecho a la igualdad, reconocidos en instrumentos normativos internacionales y en la Constitución Política del Perú".
También señaló que se debe reconocer y proteger "el ejercicio pleno de los derechos humanos" mediante instrumentos normativos "que los hagan exigibles" y que con estos términos "se busca abarcar a toda la población" del país, con respeto a sus características individuales.
La norma remarcó en la necesidad de establecer "un enfoque interseccional en el desarrollo de políticas públicas" ante la "persistencia de estereotipos, prejuicios, estigmas y actitudes negativas" y la presencia de barreras institucionales, "sistemáticas y estructurales de discriminación".
En ese sentido, la política consideró que la "situación futura deseada" al 2040 es que las personas en Perú puedan ejercer sus derechos humanos "en condiciones de igualdad y no discriminación estructural".
Por ese motivo, sus objetivos prioritarios serán fortalecer el pleno ejercicio de los derechos de los grupos en situación de especial vulnerabilidad y la gobernanza para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas.
Además, reducir los estereotipos, prejuicios, estigmas y actitudes negativas en el ejercicio pleno de los derechos de las personas y disminuir las barreras institucionales, sistemáticas y estructurales de discriminación que los restringen.
"En suma, esta política al 2040 plasma la óptica multidimensional con la que el Minjusdh se aproxima a la problemática de la desigualdad y discriminación estructural, y será la base para enriquecer la manera en la que el Estado entiende, evalúa y actúa para reducirla en todas sus dimensiones", concluye.
El Gobierno informó que la política fue elaborada, mediante un proceso "descentralizado y participativo", por un grupo de trabajo multisectorial que se creó en 2022 y estuvo conformado por representantes del Ejecutivo, organismos autónomos, organizaciones civiles y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. EFE
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