Manila, 5 dic (EFE).- Más de 100.000 trabajadores extranjeros deben ser deportados de Filipinas, en medio de un goteo de expulsiones como la de unos 190 nacionales chinos este jueves, y se espera que 20.000 abandonen voluntariamente el país en las próximas semanas debido al ultimátum a la industria del juego en línea en el país asiático.
Los ciudadanos chinos fueron trasladados al aeropuerto internacional de Manila, para ser deportados a Shanghái, por "no tener documentos legales cuando fueron capturados" en operaciones contra casinos virtuales, dijo a los medios el director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Delincuencia Organizada (PAOCC), Gilbert Cruz.
Vestidos con sudaderas de color verde y muchos ellos con el rostro cubierto por mascarillas, según imágenes compartidas por el medio local GMA News, los detenidos trabajaban en centros de juego en línea en Filipinas, que deben cesar a final de año sus actividades tras numerosos escándalos asociados con actividades delictivas.
Las deportaciones de hoy, sin embargo, son solo la punta del iceberg. La senadora Grace Poe afirmó, a mediados del pasado noviembre, que un total de 100.000 empleados extranjeros de los casinos virtuales conocidos como POGO (Philippine Offshore Gaming Operators) están a la espera de ser expulsados del país.
A estas cifras se suman decenas de miles de trabajadores extranjeros que han abandonado ya el país voluntariamente, o que las autoridades esperan que lo hagan en las próximas semanas.
La Oficina de Inmigración de Filipinas afirmó el pasado lunes que 10.821 nacionales extranjeros asociados a los casinos virtuales han salido ya del país desde principios de noviembre. Las autoridades esperan que otras 20.000 personas en la misma situación abandonen el territorio.
"Aquellos que no abandonen el país antes de que finalice el plazo serán objeto de un procedimiento de expulsión y entrarán en una lista negra", advirtió entonces el jefe de Inmigración filipino, Joel Anthony Viado.
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., oficializó el pasado 8 de noviembre la prohibición de la polémica industria del juego en línea, ordenando a los casinos en línea que cierren sus operaciones antes del 31 de diciembre de este año.
Legalizados en Filipinas en 2016 bajo la presidencia de Rodrigo Duterte y dirigidos principalmente a China, estos negocios aportaron unos 104.000 millones de pesos (unos 1.780 millones de dólares o 1.630 millones de euros) a la economía en 2019, según estimaciones del medio local Rappler.
Sin embargo, los casinos virtuales se convirtieron en centros de lavado de dinero, estafas en línea y vínculos con mafias filipinas y extranjeras, así como de trabajo esclavo y trata de personas. EFE
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