Santiago de Chile, 12 nov (EFE).- La pobreza en Latinoamérica descendió al 27,3 % en 2023, la menor tasa registrada desde 1990, que equivale a 172 millones de personas y que supone una reducción del 1,5 % respecto a la de 2022, reveló este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La pobreza extrema también disminuyó y alcanzó un 10,6 %, lo que corresponde a 66 millones de personas, cifra un 0,5 % inferior a la registrada durante el año anterior, pero que aun se mantiene por encima de los niveles de 2014, cuando se llegó a la cifra más baja las últimas tres décadas, según el organismo de la ONU, con sede en Santiago.
De acuerdo con las reducidas expectativas de crecimiento del PIB para este año (1,7 % en América Latina), se puede esperar que en 2024 la pobreza disminuya levemente, 0,5 puntos porcentuales, mientras que la pobreza extrema se mantendría sin cambios significativos, sostiene la Cepal en su informe 'Panorama Social de América Latina y el Caribe'.
“La perspectiva no es muy halagüeña”, señaló el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, quien instó a fortalecer los programas de protección social.
Los ingresos laborales y las ayudas no contributivas
Las transferencias públicas, que incluyen programas de protección social no contributiva (aquellos destinados a personas que no han realizado aportes suficientes a sistemas como el de pensiones o a la seguridad social durante su vida laboral), también tuvieron importantes efectos sobre la pobreza.
“Los sistemas de pensiones no contributivos han sido uno de los principales hitos del desarrollo de los sistemas de protección social de este sigo”, aseguró el Director de Desarrollo Social de la Cepal, Alberto Arenas, haciendo referencia a su cobertura, que ha contribuido a la reducción del 14,3 % de la tasa de pobreza entre las personas de más de 65 años durante los últimos 20 años.
“Para avanzar en la erradicación de la pobreza en la región a más tardar en 2030, debe considerarse un estándar mínimo de recursos financieros de entre el 1,5 % y el 2,5 % del PIB, o de entre el 5 % y el 10 % del gasto público total destinado al financiamiento de la protección social no contributiva en el ámbito de los Ministerios de Desarrollo Social o instituciones equivalentes”, advierte el reporte.
Según la Cepal, en América Latina, donde persiste una alta desigualdad de ingresos y en la distribución de la riqueza, la pobreza continúa afectando “desproporcionadamente” a las mujeres en edad laboral (22,2 %), a niñas y niños (40,6 %), a personas indígenas (42,3 %) y afrodescendientes (20,4 %), y a quienes habitan en zonas rurales (39,1 %).
El envejecimiento de la población y la crisis de cuidados también agudiza estas desigualdades debido a la “injusta división del trabajo”, según la calificó Arenas, especialmente contribuyendo a la brecha de género, ya que más de la mitad de mujeres fuera del sistema laboral se dedican exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que supone un “obstáculo” para su inclusión laboral y la protección social.
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