San José, 28 sep (EFE).- Los nicaragüenses refugiados en Costa Rica enfrentan dificultados para acceder a sus Derechos Humanos y señalan que el Estado poco o nada hace al respecto, incluso lamentan que no haya una campaña contra la xenofobia que han sufrido, según un sondeo realizado en el país.
Los hallazgos del sondeo, trabajado entre agosto y septiembre de 2024 mediante entrevistas a 25 personas, fueron presentados por la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), el Instituto de la Memoria (InMemoria), con apoyo de la Red Internacional de Derechos Humanos de Europa (RIDHE) y su RedProdepaz Nicaragua.
El propósito era conocer "¿cómo Costa Rica respeta y garantiza los Derechos Humanos de personas refugiadas?", a fin de tener luces de la percepción de los migrantes respecto al cumplimiento de sus Derechos Humanos, necesidades como población en Costa Rica y brindar recomendaciones al Estado, señala el documento.
Entre los Derechos Humanos más mencionados en las entrevistas, la medición destaca el derecho a la vida, la salud, trabajo digno, la educación, vida digna, vivienda digna, la libertad de expresión, libertad de movilización, a la nacionalidad y la no discriminación.
El estudio señala que "coincidentemente, los Derechos Humanos mencionados, son los que se han violentado durante el proceso de manifestaciones en Nicaragua (2018), así como aquellos que perciben se les han violentado o restringido de alguna forma en Costa Rica".
En este sentido, la encuesta revela que "muchas personas refugiadas y especialmente las solicitantes de refugio, ven dificultades de acceso a sus Derechos Humanos en Costa Rica".
Así los resultados arrojan que el 56% de los entrevistados respondieron que "sí se tienen Derechos Humanos como personas refugiadas en Costa Rica", pero que es "difícil" que se garantice el acceso a estos.
El sondeo revela que una respuesta compartida por el 84% de los entrevistados fue que "las organizaciones son las únicas que hacen más por los refugiados que el mismo Gobierno", en tanto que otra valoración fue que el Gobierno "apenas garantiza el acceso a nuestros derechos humanos".
A su vez, el 80% dijo no conocer de programas de acceso a derechos humanos promovidos por el Estado o Gobierno, mientras el otro 20% indicó que el único programa que conocían era el que se atiende a través del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y un 100% que ve la necesidad de más de estas iniciativas.
En este tema, la medición señala que algunos de los entrevistados recordó que al llegar a Costa Rica en 2018 vio manifestaciones en contra de los migrantes y reconocieron que en el Gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) hubo campañas contra esta hostilidad, pero que la actual administración "no hace nada para combatir la xenofobia, al contrario, desde su propio discurso alienta a que exista".
La investigación revela que el 90% de la población entrevistada ha sufrido algún acto de xenofobia en su contra, tanto en mayor como en menor grado de vulnerabilidad y riesgo, con algunos que aseguran les han prohibido hablar en su lengua (miskito) en el trabajo, y otros que han sentido discriminación y xenofobia para conseguir empleo.
Al menos 600.000 nicaragüenses se han visto forzados a salir fuera de Nicaragua desde abril de 2018, cuando estalló una crisis social y política en ese país, informó en marzo pasado la Coalición Nicaragua Lucha.
Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), citados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, al menos el 6,5 % de la población nicaragüense, calculada en 6,8 millones de habitantes, ha salido de Nicaragua entre abril de 2018 y junio de 2023.
De ese total, 440.280 han pedido asilo o refugio en terceros países, principalmente en EE.UU. y Costa Rica. Hasta junio de 2023, 18.545 nicaragüenses habían sido reconocidos como refugiados, según los datos de Acnur. EFE
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