
Buenos Aires, 7 sep (EFE).- El Gobierno de Argentina, liderado por Javier Milei, reglamentará los servicios aeronáuticos comerciales públicos y privados como una actividad esencial para garantizar “servicios mínimos a la población”, tras la huelga del viernes que afectó 15.000 pasajeros y 185 vuelos, según informaron este sábado fuentes oficiales.
“Se ha definido reglamentar la esencialidad de la actividad aeronáutico civil, aerocomercial pública y privada en todo el territorio nacional”, anunció el Ministerio de Capital Humano en un comunicado compartido por su titular, Sandra Pettovello, en redes sociales.
El decreto reglamentario, que probablemente sea publicado durante las primeras horas del lunes próximo en el Boletín Oficial, establecerá medidas para garantizar “un nivel mínimo de servicios ante conflictos laborales que puedan interrumpir total o parcialmente las actividades”.
La huelga de trabajadores aeronáuticos del viernes entorpeció las operaciones en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini -el principal del país-, en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, y en el Aeroparque Jorge Newbery, de la capital argentina.
Según los gremios del sector, el paro se desató “ante la evidente falta de voluntad” por arte de Aerolíneas Argentinas, empresa estatal de vuelos comerciales, para avanzar en una recomposición salarial que “se ajuste a los indicadores inflacionarios”.
“Desde Capital Humano buscamos cuidar y defender a los miles de argentinos que se ven afectados cada vez que se definen medidas de fuerza en este sector”, remarcó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que está bajo la órbita de la cartera de Pettovello, en la nota oficial.
La decisión del Ejecutivo de Javier Milei llegó después de que los sindicatos hayan llevado adelante asambleas en los aeropuertos entre el 19 y 30 de agosto, impidiendo la normal operación de Aerolíneas Argentinas y de otras empresas aéreas con decenas de vuelos cancelados o reprogramados, en reclamo de mejoras salariales.
De acuerdo al Ministerio, las empresas deberán acordar servicios mínimos a mantener en todo momento y en caso de incumplimiento obtendrán “sanciones conforme a la legislación vigente”.
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