El Tribunal Supremo de Perú ha anunciado este jueves que ha ampliado otros 18 meses más la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión del delito de "rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública" tras los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas. El fallo, emitido por la Sala Penal Permanente del Tribunal Supremo, ha argumentado su decisión tras "inferir la subsistencia del peligro de fuga, más aún si el proceso tiene un largo tramo para su culminación dentro de un plazo razonable (...), por lo cual corresponde prolongar la prisión preventiva", tal y como ha informado el Poder Judicial del país andino a través de su perfil en la red social X. Esta decisión tiene lugar después de que la Fiscalía peruana presentara un recurso de apelación en disconformidad con la resolución del juez Juan Carlos Checkley, que el mes pasado estableció 14 meses de prórroga. La sala ha declarado fundado el recurso de apelación y, en consecuencia, ha revocado la resolución dictada en primera instancia. Asimismo, ha declarado infundada la apelación presentada por la defensa de Castillo, que pretendía anular la extensión. El expresidente Castillo se encuentra detenido después de que el 7 de diciembre de 2022 anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Su decreto, que no recabó ningún apoyo, terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra y a su posterior detención por la Policía. El mandato de Castillo fue un fiel reflejo de lo que es la política peruana, una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno --con más de 70 ministros-- que tuvo en solo 16 meses. Incapaz de dotar de estabilidad y rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre. El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su detención y en contra de quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Dina Boluarte, cuyo mandato ha quedado en entredicho.
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