
Lima, 23 may (EFE).- Una sala constitucional de Lima ordenó este jueves la inmediata reincorporación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos al Ministerio Público, que fue inhabilitada por el Congreso por no haber investigado al expresidente Pedro Castillo cuando ejercía como fiscal general.
La orden de reincorporación inmediata fue emitida por la Tercera Sala en lo Constitucional de Lima y dirigida al fiscal general de la Nación interino, Juan Carlos Villena, para la ejecución de la sentencia, según la resolución publicada por los medios locales.
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Los magistrados señalaron que la no aplicación inmediata de la reincorporación podría generar una situación "irreversible", dado que Ávalos tiene 67 años de edad y el límite de edad para trabajar en el Estado son los 70 años.
"De no actuarse en forma inmediata, la sentencia, sin duda, no solamente tendría incidencia en el aspecto laboral de la demandante, sino también en su desarrollo profesional y proyecto de vida, siendo evidente que esto podría causar daños irreparables", apuntaron los jueces.
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Ávalos era fiscal general de Perú cuando surgieron una serie de denuncias por presunta corrupción contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), pero indicó que no podía continuar las investigaciones en su contra porque la Constitución Política no permite su condena por esos delitos, mientras esté en el ejercicio de la presidencia.
No obstante, Castillo fue destituido de la Presidencia de la República en diciembre del 2022, cuando intentó dar un golpe de Estado como respuesta a las denuncias en su contra, y la entonces fiscal de la Nación fue inhabilitada por el Parlamento para ejercer cargo público por cinco años, decisión que ella denunció que tuvo "carácter político".
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El 14 de mayo, la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó la reincorporación de Ávalos tras su suspensión, que este jueves la Justicia ha reiterado.
El inminente retorno de Ávalos a la Fiscalía se producirá después que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió el miércoles la destitución de la suspendida fiscal general Patricia Benavides por haber interferido en la investigación fiscal abierta contra su hermana y jueza Enma Benavides.
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La máxima sanción aplicada por la JNJ se basó en faltas muy graves atribuidas a Benavides por haber interferido en una investigación contra su hermana, denunciada por liberar a narcotraficantes.
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