San Salvador, 22 may (EFE).- Representantes de dos organizaciones no gubernamentales enfatizaron este miércoles que la medida de régimen de excepción, implementada para combatir a las pandillas en El Salvador, "permite la tortura institucionalizada y asesinatos de inocentes" bajo custodia de agentes de seguridad del Estado.
A menos de dos semanas para que el presidente Nayib Bukele tome posesión para un segundo mandato consecutivo en el Gobierno salvadoreño, tras lograr la reelección a pesar de una prohibición constitucional, las oenegés señalaron que en el país "persisten los altos niveles de inseguridad" y que el régimen de excepción "solo es una herramienta de institucionalización de la violencia contra la población por parte del Estado".
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción desde marzo de 2022 y fue aprobado por la Asamblea Legislativa como una medida momentánea, tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana, pero que se ha vuelto permanente y ya cumple más de dos años de implementación.
La medida, que suspende garantías constitucionales, es bien vista por las poblaciones históricamente afectadas por la violencia generada por las pandillas, pero es señalada de violar derechos humanos.
"El régimen de excepción ha permitido que regrese la tortura como herramienta institucionalizada del Estado, ha generado miles de desapariciones forzadas y el asesinato sistemático de personas detenidas bajo custodia estatal", dijo el activista Ovidio Mauricio de la organización Tutela Legal 'María Julia Hernández'.
Señaló en una conferencia de prensa que el Gobierno de Bukele ha hecho una "millonaria inversión en propaganda gubernamental sobre la seguridad del país que solo ha servido como una herramienta para alinear las instituciones del Estado en contra de la ciudadanía y garantizar la impunidad".
"En el país continúan existiendo altos niveles de inseguridad sin que se tenga ninguna institución que defienda a los ciudadanos del poder de castigar a inocentes. Una práctica que posiblemente seguirá como política pública en los próximos años de Gobierno", reflexionó.
Mauricio aseguró que el actual Gobierno "ha abusado de forma bastante arbitraria, aberrante cuando ha violentado los derechos humanos de las poblaciones, incluso de las que sufrieron durante el conflicto (guerra civil). Sí hay violaciones a derechos humanos y son violaciones gravísimas", agregó.
Alejando Díaz, abogado y defensor de derechos humanos, instó a la comunidad internacional a "responder contundentemente, adecuadamente y coordinados" ante "esta política violatoria de derechos para acabar con la violencia".
Solicitó a la Corte Penal Internacional, un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, que "investigue y compruebe que se han generado hechos y acciones sistemáticas contra la población, que han generado posibles crímenes de lesa humanidad, tortura y desapariciones a manos del Estado".
El régimen de excepción, por medio del cual se reporta la captura de más de 79.000 personas acusadas de ser pandilleros o colaborar con estas bandas, ha elevado la popularidad de Bukele y fue su principal bandera electoral de cara a las elecciones presidenciales del pasado 4 de febrero, en las que ganó su reelección con un gran respaldo electoral.
No obstante, organizaciones de derechos humanos locales e internacionales registran y denuncian miles de casos de violaciones a derechos, principalmente de detenciones arbitrarias, y muerte de presos en cárceles, de las que hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno. EFE
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