Quito, 22 may (EFE).- Un grupo de seis hombres condenados en Ecuador a tres años de prisión por asociación ilícita al participar en acciones contra la mina Curipamba-El Domo aseguraron este miércoles que seguirán luchando por su inocencia y que no cesarán en su resistencia contra la minería.
En una rueda de prensa en Quito junto a su abogado, el excandidato presidencial y activista ambiental indígena Yaku Pérez, los condenados denunciaron ser víctimas de criminalización por oponerse a la minería y defender el medioambiente.
La sentencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Guaranda, capital de la andina provincia de Bolívar, también ordenó el pago de multas por valor de 4.600 dólares.
"Nunca hemos sido delincuentes, pero hoy nos encontramos criminalizados por la empresa minera y el sistema judicial, condenados a tres años de privación de libertad. Apelamos a la sensibilidad de los jueces de la Corte Provincial (de Justicia de Bolívar) para que declaren nuestra inocencia", manifestó el profesor Luis Borja, uno de los sentenciados.
Por su parte, el agricultor Luis Caiza afirmó que han sido perseguidos por defender el agua y los recursos agrícolas de la zona donde se proyecta la explotación de la mina de cobre y de oro, a cargo de la compañía Curimining.
De su lado, el campesino y policía retirado Oswaldo Lumbi aseguró que sufren daños psicológicos por este proceso judicial y justificó su oposición en la mina al afirmar que el yacimiento está en una zona de fuentes hídricas para consumo humano y agrícola tanto de Bolívar como de las vecinas provincias de Los Ríos y Guayas, cuya capital es Guayaquil.
Entretanto, Ángel Rochina clamó por su inocencia y la de sus compañeros e hizo un llamamiento a las instituciones internacionales a tomar cartas en el asunto.
"Nosotros no somos delincuentes. No utilizamos armas de fuego ni armas blancas. Como agricultores les decimos a las empresas mineras y al Gobierno nacional que respeten nuestras comunidades, siempre primero con una consulta previa, libre e informada. No somos personas extrañas. No estamos para ser criminalizados", dijo Rochina.
Mientras, Yaku Pérez comentó que "la criminalización no se ha detenido en Ecuador" y que con el presidente Daniel Noboa "parece que la megaminería se ha profundizado y se le imprime más velocidad", pues llegó a afirmar que la familia del presidente tiene acciones en la empresa matriz de Curimining.
"Este proceso de criminalización no es el único. Hay otros cinco procesos más acusados por esta empresa o por terceros, por delitos de violación a propiedad privada, ataque y resistencia, y asociación ilícita", detalló Pérez.
Yaku Pérez hizo una exhortación "a no amilanarse, porque ni la cárcel les impedirá seguir resistiendo. "Si pretenden mandar a los seis compañeros a la cárcel, quedan miles para defender el agua", incidió.
El candidato presidencial opinó que con esta criminalización "quieren desmoralizar con los procesos penales, descabezando a los dirigentes, mandándoles a la cárcel y distraer (la lucha antiminera) porque demanda recursos, dinero, tiempo y sufrimiento".
Mientras se resuelve la apelación, los seis hombres están en libertad condicional, con la obligación de presentarse cada ocho días ante las autoridades judiciales y la prohibición de salir del país.
El proyecto Curipamba-El Domo se ubica en el cantón Las Naves, de la provincia andina de Bolívar, y la empresa Curimining, controlada por capitales canadienses, prevé una inversión de 248 millones de dólares y la creación de unos 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Una vez en explotación sería la tercera mina a gran escala de Ecuador, junto a la aurífera Fruta del norte y la cuprífera Mirador, que extraen sendos metales desde 2019 y que han hecho que los minerales se vuelvan uno de los principales productos de exportación en Ecuador, con un récord histórico de 3.200 millones de dolares en 2023.
La empresa aseveró haber obtenido la licencia ambiental con unas consultas donde se aplicaron tanto los lineamientos marcados por la Corte Constitucional como los del Acuerdo de Escazú y otros estándares internacionales relacionados con la participación comunitaria en proyectos de desarrollo. EFE
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