Berlín, 22 may (EFE).- La rama alemana de la ONG Amnistía Internacional (AI) y la organización Green Legal Impact condenaron este miércoles la "criminalización" de las protestas climáticas en Alemania después de que la fiscalía de Neuruppin (norte) presentara cargos contra cinco activistas por formación de una organización criminal.
"Con la acusación, la criminalización de las protestas climáticas alcanza un nuevo nivel de escalada", declaró Paula Zimmermann, experta en libertad de expresión y reunión de AI, según un comunicado.
Zimmermann explicó que el artículo del código penal empleado contra cinco activistas del grupo 'Última Generación' se emplea habitualmente en la lucha contra el crimen organizado y tiene como requisito para su aplicación, entre otros, que de los encausados emane un peligro significativo para el orden público.
"Deslegitimar e intimidar las protestas no deseadas con medios del derecho penal está en contradicción con la libertad de expresión y de reunión tal y como están recogidas en los derechos fundamentales y en la Constitución", subrayó la experta.
Los cinco activistas de la organización ecologista, conocida popularmente por pegarse al asfalto para interrumpir la circulación, fueron acusados este martes en relación con varios actos de protesta realizados entre abril de 2022 y mayo de 2023.
Entre ellos se cuenta el intento de interrumpir el funcionamiento de parte de las instalaciones de la refinería de Schwedt, así como sendas irrupciones en la pista del aeropuerto de Berlín-Brandeburgo y en el Museo Barberini de Potsdam.
La fiscalía argumentó que, al contrario que el total de 'Última Generación' , estos cinco activistas se declararon dispuestos a participar en actos constitutivos de delito de un cierto peso, que se podrían castigar con penas de un mínimo de dos años de prisión y se coordinaron para cometerlos.
Los registros ordenados por la fiscalía en 2022 contra domicilios de activistas como parte de esta investigación desencadenó un gran debate político en Alemania en su momento, con la oposición conservadora en gran parte a favor de tratar a todo el colectivo como un presunto grupo criminal. EFE
cph/crf
