Santo Domingo, 13 may (EFE).- La campaña electoral de cara a los comicios presidenciales y congresuales del 19 de mayo en República Dominicana ha estado marcada por denuncias sobre el supuesto uso irregular de recursos del Estado por parte del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que también se acusa de promover el transfuguismo.
En un país que parece estar en perpetua campaña, en esta ocasión destacó la celebración, por primera vez, de debates televisados con los principales candidatos a la Presidencia, la actividad que más interés ha suscitado en el electorado.
El uso irregular de recursos públicos en favor del partido dominante es "una práctica arraigada en la política dominicana", según Participación Ciudadana (PC, capítulo dominicano de Transparencia Internacional), una situación que también denuncia la oposición.
El presupuesto destinado por el Gobierno a publicidad este 2024 es de 8.163 millones de pesos (más de 130 millones de dólares), de los que 2.790 millones de pesos (casi 50 millones de dólares) se gastaron en los primeros cien días del año, seis veces más que en igual período de 2023, de acuerdo con datos recogidos por PC de la ejecución presupuestaria del gabinete.
La Alianza Rescate RD -integrada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD), principales de la oposición- presentaron el 9 de abril a la Organización de Estados Americanos (OEA) "múltiples pruebas del uso abusivo y descarado de los recursos del Estado en favor de los candidatos oficialistas, en detrimento de la oposición".
La supuesta compra de alcaldes, diputados, senadores o candidatos de otras formaciones por el partido gobernante también ha sido objeto de denuncia, incluido el uso de fondos públicos para cubrir compromisos económicos con dirigentes de otras fuerzas.
La oposición denuncia unas prácticas que "alimentan el transfuguismo y el clientelismo" y pide un régimen de consecuencias, ante el vacío normativo.
Sobre el transfuguismo, la legislación vigente solo establece que "las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezcan, a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación".
En el primer debate presidencial en la historia política dominicana participaron Luis Abinader, aspirante a la reelección por el PRM; el exgobernante Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y el expresidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez, del PLD.
Organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), el debate fue aplaudido desde todos los segmentos sociales por ser un sano ejercicio democrático.
El politólogo Raniero Cassoni dijo a EFE que "los tres (candidatos) hicieron un excelente debate, los tres le hablaron a su público" al plantear sus propuestas sobre economía, educación, criminalidad, justicia, violencia de género o la deportación de indocumentados, uno de los pocos puntos en los que coincidieron.
El actual presidente dominicano aspira a un segundo mandato y los sondeos apuntan a ello. La última encuesta de la firma Gallup indica que Abinader ganaría ya en primera vuelta con el 60 % de los votos, Leonel Fernández lograría un 24,6 % y Abel Martínez conseguiría el 11,1 %, mientras que los otros seis candidatos se repartirían el restante 4 %.
Una de las principales bazas de Abinader para la reelección son los resultados económicos obtenidos desde que llegó al poder en 2020, en plena pandemia.
El mandatario supo capear el temporal dando un impulso a sectores clave para la economía dominicana, principalmente el turismo (primera fuente de divisas del país), que rompió las marcas en llegadas de turistas en 2023, con un total de 10,3 millones de visitantes, que generaron 8.671 millones de dólares.
Pero en un país en permanente campaña y tras las elecciones municipales de hace solo tres meses, el exceso de proselitismo ha generado cierto hartazgo.
"La actividad política 'per se', ya no es importante" para el ciudadano y el interés queda "reducido a los actores que hacen vida en ella", afirma el politólogo.
Un total de 8.145.548 personas (868.785 empadronadas en el exterior) están llamadas a las urnas este mayo, según datos de la Junta Central Electoral.
María Montecelos
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