Santiago de Chile, 7 may (EFE).- La ministra chilena del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, afirmó este martes que la condena a 23 años de cárcel dictada contra el líder radical mapuche Héctor Llaitul por diversos delitos es una "señal de que el Estado de Chile le está cerrando la puerta por todas las vías a la violencia como forma de procesar los conflictos".
Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización mapuche que comenzó a usar la violencia en la reivindicación de tierras en el sur de Chile, fue hallado culpable en los delitos de incitación y apología a la violencia, usurpación violenta, hurto de madera y atentado a la autoridad.
Tohá destacó que el Gobierno, además de combatir la violencia en el sur, está "buscando caminos para resolver los conflictos que la zona arrastra hace siglos".
"Nada de lo sucedido aquí es casualidad, todo es producto de un refuerzo de la acción estatal (...) La CAM ha cumplido en este conflicto un papel emblemático porque fue quizás la primera organización en tomar la violencia como vía (...), esperamos que esta condena ayude a dejar atrás esa etapa", agregó la ministra.
En la misma línea, investigadores consultados por EFE afirmaron que la sentencia contra Llaitul supone un fortalecimiento de la apuesta por un reconocimiento institucional de la autonomía indígena y una "derrota simbólica" para la vía insurgente dentro del movimiento mapuche en el país, aunque subrayan que no despeja dudas sobre el futuro de las organizaciones políticas violentas que operan en el territorio en conflicto.
Así como las primeras acciones de sabotaje perpetradas por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en 1997 cristalizaron el comienzo de una nueva etapa dentro de la lucha mapuche post-dictadura, caracterizada por el uso de la violencia política como táctica para conquistar las reivindicaciones de tierras consideradas ancestrales en el sur de Chile y que a la fecha explotan empresas forestales, el encarcelamiento de su fundador marca un nuevo hito.
El investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas Fabián Flores explicó a EFE que "la condena del Tribunal Oral asesta un golpe a la CAM, pues el encarcelamiento de uno de sus líderes principales podría debilitar su presencia en algunos territorios".
Sin embargo, siguió flores, "no estoy seguro que esto signifique descabezar a esta organización, pues el tipo de articulación y operación de estas organizaciones es altamente reticular y sin jerarquías fuertes o marcadas".
La CAM ha destacado históricamente por su acervo político, definiéndose como una organización autonomista, mapuchista, anticolonial, anticapitalista y revolucionaria, marcando un punto de inflexión dentro del mismo mundo mapuche desde el lado ideológico, así también como para el Estado chileno.
Durante los últimos 15 años, sin embargo, sus filas no se han robustecido y han proliferado otras organizaciones con tendencias más "anarquista".
"Esta condena podría 'beneficiar' a la Weichán Auka Mapu (WAM), a la Resistencia Mapuche Malleco (RMM) o articulaciones similares, con las cuales Llaitul y la CAM tienen un tipo de competencia por disputa territorial y operativa en las zonas de conflicto", explicó Flores.
"En síntesis, esto puede ser un golpe para la vía violenta autonómica, sin implicar su desactivación; al contrario, puede incentivar el surgimiento de nuevas configuraciones territoriales similares y fortalecer a la 'competencia' de la CAM", subrayó el investigador.
Para el exasesor del Ministerio del Interior, abogado e investigador del Instituto VioDemos, Salvador Millaleo, la decisión judicial "afecta directamente a la CAM", pero resulta "complejo" proyectar el futuro del conflicto.
"Las otras organizaciones no tendrían tanto este marxismo revolucionario sino con ciertas tendencias anarquistas, por eso han atacado iglesias y otros símbolos, hechos que la CAM incluso ha criticado. Tienen una lógica menos predecible", dijo Millaleo a EFE.
Una vez conocida la sentencia, parlamentarios de La Araucanía y el Biobío, zona donde desde 2022 rige un estado de excepción constitucional ratificado por el Congreso que permite el despliegue militar, la catalogaron como una “advertencia para todos los otros grupos terroristas, que en al algún minuto van a ser condenados”.
“Por fin vemos que se hace justicia (…) si bien esta pena, que es similar a la solicitada, no hace desaparecer el sufrimiento y el daño causado; si es una manifestación, es justicia que obliga a pagar de manera efectiva por estos ilícitos”, aseveró la diputada de la formación derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) Flor Weisse.
Por su parte, la senadora del ultraderechista Partido Republicano Carmen Gloria Aravena señaló que (la condena) es un “hito muy importante para el país y para las miles de víctimas de la CAM".
"Hoy la justicia ha dado una señal muy clara de que la violencia terrorista instalada hace casi 30 años en la Macrozona Sur, por la CAM, y el resto de las orgánicas radicales, no quedará impune”, declaró la senadora.EFE
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