Tokio, 16 abr (EFE).- La Cámara Baja del Parlamento japonés aprobó este martes una ley para introducir la custodia compartida tras el divorcio en el país, que ahora será revisada por la Cámara Alta, donde se espera su aprobación durante la sesión ordinaria actual hasta junio, dada la mayoría que ostenta la coalición gobernante.
La custodia compartida se sumará a la custodia exclusiva existente en el Código Civil nipón actual, donde un tribunal de familia decide la custodia única de uno de los padres tras el divorcio y que ha alimentado el drama de los secuestros parentales, pues se suele otorgar al progenitor que vive con el menor cuando comienza la mediación.
La enmienda planteada permitirá desde su entrada en vigor a los padres escoger entre la custodia exclusiva o la compartida.
Si finalmente es promulgada, la nueva legislación entrará en vigor en 2026 y se aplicará retroactivamente a los ya divorciados.
Quienes pedían la introducción de la enmienda defienden que con ella será más sencillo que ambos padres participen en la crianza de los hijos y que tal supuesto pondrá a Japón en línea con otras naciones donde existen leyes similares. Sus detractores sostienen que dificultará la protección de víctimas de violencia doméstica.
El primer paso para determinar qué tipo de custodia se optará consistirá en consultas entre los padres para decidirlo de mutuo acuerdo. Si no se llega a un consenso, un tribunal de familia determinará qué custodia es la más adecuada en función de los intereses del menor y decidirá quién tendrá la patria potestad.
Si el tribunal de familia determina que se ha producido o existe riesgo de violencia doméstica o abuso infantil, se otorgará la custodia exclusiva de los menores a un sólo progenitor.
La violencia doméstica venía siendo el principal escollo para la introducción de esta custodia, pues las voces críticas alegan que dificultará proteger a los menores y a las propias víctimas.
El número de menores con padres divorciados ascendió a unos 180.000 en 2021, frente a los 70.000 que había en 1960, según datos del Ministerio de Justicia.
El país asiático ha sido objeto de duras críticas por su sistema de custodia exclusiva, que plantea desafíos extra para los nacionales no nipones que buscan mantener una relación con sus hijos cuando sus parejas japonesas regresan al archipiélago tras el divorcio, en ocasiones llevándose al menor y ocultando su paradero.
Japón suscribió en 2014 el Convenio de La Haya sobre la Sustracción Internacional de Menores, pero incluso tras ello, los casos de progenitores japoneses que llevan a sus hijos de vuelta a Japón sin el consentimiento de la otra parte sigue siendo un problema con casos de importante perfil mediático en años recientes.
Entre los afectados por estas sustracciones existe la opinión de que este mecanismo de búsqueda de consenso hace que la legislación sea inútil en la práctica, ya que no ofrece una solución real para divorcios conflictivos, los que requieren realmente mediación.
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