Madrid, 29 feb (EFE).- La Guardia Civil española desarticuló una trama de contrabando de material de defensa desde España a Arabia Saudí, posteriormente empleado en la guerra de Yemen, y detuvo al supuesto responsable de las exportaciones, que llegaron a superar los 2,8 millones de euros.
El arrestado utilizó una empresa de su propiedad en Málaga (sur) para realizar las transacciones, mientras los agentes mantienen como investigado a una segunda persona por su participación en los hechos, informó este jueves la Guardia Civil.
El material en cuestión exportado de forma ilegal eran motores y repuestos militares para carros de combate y vehículos blindados de transporte de tropas, aunque los sospechosos lo declaraban como si fuesen repuestos para camiones civiles.
Las pesquisas revelaron que las transacciones carecían de las preceptivas licencias de transferencia de las autoridades de comercio españolas.
También constató la investigación que, además del suministro de motores y repuestos militares, la empresa malagueña ofrecía asistencia técnica para llevar a cabo la modernización de numerosos vehículos blindados y acorazados de las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí.
Estos fueron posteriormente empleados en la guerra de Yemen, contraviniendo así las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dictadas en contra de exacerbar este conflicto bélico.
Con la desarticulación de la trama de contrabando, apunta la Guardia Civil, evitaron que los materiales pudiesen haber sido desviados a otros conflictos o países de Oriente Medio.
El comercio internacional de material de defensa y de doble uso está rigurosamente controlado, tanto que, para su legal exportación desde España, las empresas deben estar inscritas en un registro especial del Ministerio de Comercio y contar con una licencia para cada una de las exportaciones.
Asimismo, estas licencias tienen que ser estudiadas y aprobadas por un órgano colegiado del Gobierno en el que participa activamente la Guardia Civil.
El objetivo es evitar que estos materiales puedan ser desviados ilegalmente a países en conflicto o de preocupación, así como garantizar la protección de los intereses generales de la defensa española y de la política exterior del Estado y el cumplimiento de los embargos internacionales y de los compromisos internacionales adquiridos por España, recuerda el Cuerpo. EFE
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