La Justicia europea ve compatible la detección de riesgos en insecticidas con la renovación de su uso

El Tribunal de General de la Unión Europea --en primera instancia del TJUE-- ha señalado en su sentencia de este miércoles a que la identificación de determinados riesgos vinculados al uso de insecticidas puede ser compatible con la renovación de la aprobación de una sustancia activa aunque, en su condición de gestora del riesgo, la Comisión Europea puede imponer medidas de reducción para reconducir ese riesgo a un nivel aceptable. El fallo se refiere, en concreto, a la cipermetrina, un insecticida de la familia de los piretrinoides muy utilizado en la UE para luchar contra las plagas agrícolas y desde 2006, se considera aprobada como sustancia activa, comercializada como producto fitosanitario. En 2022, la ONG Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) solicitó a la Comisión Europea que revisara el reglamento por el que se renueva la aprobación de dicho insecticida hasta el 31 de enero de 2029, al considerar que no se tuvieron en cuenta las conclusiones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que identificaron riesgos vinculados a los pesticidas asociados a la cipermetrina, que afectan, entre otros, a los organismos acuáticos y a las abejas. La Comisión desestimó dicha solicitud porque la renovación de la aprobación iba acompañada de medidas de reducción del riesgo, por lo que PAN Europe pidió al Tribunal General que anulara esa desestimación. Sin embargo, en su sentencia de este miércoles, el TGUE ha rechazado el recurso de la ONG y ha apuntado que aunque la Comisión deba tener en cuenta las conclusiones científicas de la EFSA en el procedimiento de renovación de las sustancias activas, no está vinculada por sus apreciaciones. El Tribunal General ha declarado que, en este caso, la identificación de los ámbitos críticos de preocupación por parte de la EFSA no es incompatible con la renovación de la aprobación de la cipermetrina y la imposición de medidas de reducción por parte de la Comisión. A este respecto, destaca que la Comisión debe asegurarse de que dichas medidas permitan efectivamente --y no solo en teoría-- reconducir el riesgo identificado a un nivel aceptable.