Lima, 17 feb (EFE).- La ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga, anunció este sábado que el aforo diario de Machu Picchu pasará de ser de 4.100 personas a 5.600 del 1 de junio al 15 octubre y también algunos feriados, lo que significa un aumento del 36,5 %.
"Es la primera vez que estamos llegando a acuerdos con mucho interés de la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM), para poder mejorar los servicios (...) Estamos convencidos de que el aforo dinámico podría ser una solución positiva", indicó Urteaga a través de un comunicado del ministerio.
La ministra anunció esta medida después de reunirse en el distrito del Machu Picchu con el Comité Directivo de la UGM, la viceministra de Turismo, Madeleine Burns, y autoridades regionales y locales, como el gobernador regional de Cuzco, Werner Salcedo, y el alcalde de Machu Picchu, Elvis La Torre.
Explicó que han dispuesto de un tiempo de plazo para el inicio del denominado "aforo dinámico" para que la gente conozca y realice su programación, y así como las autoridades puedan desarrollar la actividad turística, y la conservación y mantenimiento del santuario.
"Posiblemente a futuro, Machu Picchu no tenga temporada baja, pero se tendrá en cuenta las indicaciones de la conservación y preservación que necesita nuestro santuario natural, cultural y turístico" añadió Urteaga.
Y resaltó la importancia del trabajo de la Unesco, "que es necesaria en la asistencia técnica y su acompañamiento", para los temas relacionados a Machu Picchu, al ser monumento Patrimonio de la Humanidad.
El Gobierno de Perú está desarrollando, junto con autoridades locales y regionales, una nueva plataforma digital de venta de entradas a la ciudadela inca, después de los fallos y protestas que han generado los dos anteriores modelos.
El 26 de enero, pobladores y operadores turísticos del distrito de Machu Picchu convocaron un paro de protestas que bloqueó el acceso al monumento y provocó que este cerrara al público seis días.
La huelga acabó cuando el Ministerio de Cultura anunció que había anulado el contrato con la empresa Joinnus, quien había sido contratada para gestionar la venta de entradas.
Los pobladores denunciaron en ese momento que esto suponía una terciarización del monumento, y el ministerio decía que no podía volver al anterior modelo de venta puesto que propiciaba un mercado negro de entradas.
Así, la solución alcanzada por las partes fue que la Presidencia del Consejo de Ministros se encargaría de impulsar una nueva plataforma digital, mantendría la venta presencial de 1.000 entradas en el distrito y hasta que la nueva web estatal esté lista será Joinnus la que ofrezca los boletos.
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