Ginebra, 31 ene (EFE).- La aprobación de la modificación a la Ley Forestal peruana podría legalizar e incentivar el despojo de tierras de los pueblos indígenas e incluso amenazar su supervivencia física y cultural, ha advertido hoy el relator de la ONU sobre los derechos de los indígenas, Francisco Calí Tzay.
“Esta ley afectará negativamente los territorios ancestrales de pueblos indígenas en la Amazonía peruana”, opina el experto en un comunicado.
Ha indicado que aproximadamente un tercio de los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú no han recibido la titulación de sus tierras, lo que permite que una reforma de este tipo se ponga en marcha sin someterla a un proceso de consulta previa entre los pueblos afectados y que estos puedan pronunciarse sobre los cambios planteados.
Justamente, una reciente sentencia del Poder Judicial de Perú reafirmó el derecho que tienen los pueblos indígenas a que se convoquen consultas previas antes de aprobar leyes que les afecten.
Calí Tzay ha avisado además de que las disposiciones de la ley que clasifican las tierras y las normas sobre actividades agropecuarias permitirían que áreas habitadas por pueblos indígenas -que alguna vez fueron bosques y donde actualmente hay agricultura- sean clasificadas automáticamente como “áreas de exclusión agropecuaria”.
Esa clasificación, según el relator de la ONU, podría contribuir "a la impunidad ante crímenes como la tala ilegal y otros que afectan la conservación de la Amazonía en territorio peruano, donde los niveles de deforestación ya "son preocupantes”.
Considera que esto representa un retroceso en la gobernanza forestal del país, donde los defensores indígenas y del medioambiente son víctimas de amenazas constantes, ataques y asesinatos.
En los últimos años, ha añadido, 33 líderes indígenas peruanos han sido asesinados.
"Estas reformas parecen ignorar que el despojo territorial es el motor de la violencia contra los líderes indígenas e implica un retiro del Estado en las zonas rurales", donde el vacío es llenado por grupos criminales dedicados a la tala ilegal, la minería informal y el narcotráfico, denuncia. EFE
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