San Salvador, 28 dic (EFE).- El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) acusó el jueves al Estado salvadoreño de mantener bajo "secuestro" a Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Seguridad, y Ramón Roque, exinspector general de Centros Penales, quienes se mantienen en prisión a pesar de una orden judicial de liberación.
Ivania Cruz, abogada de Cofappes, dijo a periodistas que las autoridades se han negado a cumplir la orden que les permite seguir un proceso penal en libertad, una situación que tildó de "un secuestro de parte del Estado salvadoreño a estas personas".
Agregó que los detenidos no tienen comunicación con sus familiares y que tampoco sus abogados defensores han podido tener contacto con ellos.
Cruz manifestó que han recibido cartas de organizaciones humanitarias y "aliados internacionales", que también denuncian que "es injusto que hace más de dos semanas se haya ordenado la libertad y que a la fecha no se haya dado cumplimiento".
"Tenemos incluso apoyos internacionales donde ya se ha dado a conocer la resolución de libertad de Mauricio Ramírez y Ramón Roque, que hasta la fecha está secuestrado por el Gobierno de El Salvador", añadió.
Señaló directamente al director general de Centros Penales, Osiris Luna, y a la dirección de la cárcel La Esperanza, una instalación ubicada cerca de la capital, de negarse a cumplir la resolución dictada por la corte que realizará un juicio por el supuesto manejo irregular de recursos en las prisiones.
Cofappes pidió el pasado 21 de diciembre a la Fiscalía investigar la negativa de las autoridades de las prisiones, con lo que se estaría cometiendo los delitos de desacato judicial, privación de libertad y actos arbitrarios.
La detención del exministro se dio en septiembre de 2021 y la Fiscalía lo acusa de supuestamente estar involucrado en la malversación de aproximadamente 14 millones de dólares de las prisiones durante la administración de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
Tras la captura, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que el Ejecutivo de Sánchez Cerén permitió que la organización Asocambio administrara las tiendas al interior de las cárceles "sin ningún control del Estado", lo que "dio pie para crear un mecanismo para poder lucrarse".
Ramírez Landaverde fue nombrado ministro de Justicia en enero de 2016. Antes se había desempeñado como director general de la Policía Nacional Civil de 2014 a 2016 y como subdirector de esa entidad entre 2012 a 2014.
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