La Justicia dicta 18 meses de prisión preventiva contra nueve militares por desaparición forzada de personas

La Segunda Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima ha condenado a 18 meses de prisión preventiva a Amílcar Gómez Amasifuén y a otros ocho individuos en el marco del conocido como 'caso Madre Mía', por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de Jorge y Natividad Ávila y Benigno Sullca. El Ministerio Público de Perú ha concretado en la red social X, antes conocida como Twitter, que la medida también atañe a los militares investigados Tobías Huaringa Rosales, Ramón Olimar Jaba, Límber Isuiza Isuiza, Nicanor Guerra Cárdenas, Gaspar Santillán Grández, Segundo Padilla Santillán, Rusell Vela Silva y Edgar Padilla Paredes. Corresponde ahora al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinar a qué centro o centros penitenciarios irán a cumplir su condena los investigados, que se encuentran bajo custodia de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional peruana (PNP) tras su captura el pasado 4 de diciembre durante un operativo desplegado en varias ciudades del país. El exsuboficial EP Amílcar Gómez Amasifuén, actor clave en la investigación, fue detenido el pasado 5 de diciembre en la ciudad de Tarapoto, región San Martín, según la agencia de noticias Andina. Gómez Amasifuén estuvo destacado en la base contrasubversiva de Madre Mía, región Huánuco, en 1992, cuando el expresidente Ollanta Humala era el jefe del destacamento. Como parte del 'caso Madre Mía', la Fiscalía investiga presuntas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que ocurrieron en la base militar del mismo nombre durante la década de 1990 cuando Humala estaba al mando. En 1992, Humala era capitán del Ejército de Perú y jefe de la base militar del municipio de Madre Mía, en plena selva, en la que se habrían cometido torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. Una de las víctimas, Jorge Ávila, denunció haber sido torturado por el propio Humala y le acusó de ser el responsable de la desaparición de su hermana y su cuñado, tras ser confundido con guerrilleros de Sendero Luminoso. En 2009 se archivó la causa porque no había pruebas suficientes para proceder a un juicio oral, ya que algunos de los testigos se habían retractado. El caso se reactivó en 2017, cuando varios testimonios, animados por las nuevas declaraciones de Ávila confirmando que había recibido 4.500 dólares del entorno de Humala para modificar su versión, salieron a la luz.