Bruselas impone a Pornhub, Stripchat y XVideos las reglas más estrictas de la nueva ley digital de la UE

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que las plataformas de pornografía online 'Pornhub', 'Stripchat' y 'XVideos' deberán someterse a las normas de control más estrictas de la nueva Ley de Servicios Digitales para evitar prácticas abusivas de las compañías de mayor tamaño en la red. Bruselas las considera como "plataformas de muy gran tamaño" porque superan el umbral de al menos 45 millones de usuarios mensuales de promedio en la Unión Europea, lo que en la práctica supone que deberán cumplir los estándares más estrictos, por ejemplo a la hora de verificar la edad del usuario y en la toma de medidas para suprimir contenidos ilegales. La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager, ha celebrado en un comunicado que esta decisión permitirá "un mayor escrutinio y responsabilidad" de las tres plataformas sobre sus algoritmos y procesos. La nueva normativa comunitaria, sostiene la liberal danesa, "es una herramienta esencial para garantizar que la tecnología respete los Derechos fundamentales de los europeos". Esta es la segunda decisión que toma Bruselas en esta línea, tras establecer el pasado abril una primera lista de 19 grandes plataformas digitales y motores de búsqueda --entre ellos Tiktok, Twitter, Amazon, Facebook y Google-- que deben informar con mayor transparencia de los sistemas algorítmicos que aplican y cumplir el resto de obligaciones de la normativa comunitaria. A partir de su identificación, las tres plataformas de pornografía online tendrán ahora un plazo de cuatro meses para adecuarse a la nueva legislación europea por la que deberán evaluar y mitigar sus riesgos sistémicos y proporcionar herramientas sólidas de moderación de contenidos. Así, por ejemplo, deberán rediseñar sus sistemas para garantizar un algo nivel de privacidad, protección y seguridad de los menores; tendrán prohibidos la publicidad personalizada y la basada en perfiles para menores; y deberán presentar a Bruselas informes de riesgos específicos (como los efectos negativos en la salud mental). También deberán tomar medidas contra la difusión de bulos y contenidos ilegales en sus plataformas y ofrecer herramientas fáciles a los propios usuarios para denunciar este tipo de contenidos. Otra de las claves es que tendrán que detectar, analizar y mitigar una amplia gama de riesgos sistémicos, desde la manera en que los contenidos ilegales y la desinformación pueden amplificarse a través de sus servicios hasta las repercusiones en la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación.