El 72 % de los nicaragüenses están en desacuerdo con la condena al obispo Rolando Álvarez

San José, 30 nov (EFE).- El 72 % de los nicaragüenses están en desacuerdo con la condena a más de 26 años de prisión impuesta en Nicaragua al obispo Rolando Álvarez tras negarse a abandonar el país, según una encuesta divulgada este jueves por la firma CID Gallup y auspiciada por la plataforma digital Confidencial.

El sondeo, que se realizó de manera telefónica entre el 17 de octubre y el 15 de noviembre pasado con base en una muestra de 800 personas mayores de 18 años de edad, reveló que el 72 % de los consultados dijeron estar "en desacuerdo" con la condena al obispo porque es "inocente" y "debe ser liberado".

Un 19 % de los encuestados respondieron "no sabe" o no ofrecieron su opinión sobre la condena al jerarca católico, y un 9 % aseguraron que el religioso “es culpable en que esté condenado y preso", según el sondeo, que tiene un margen de error del 2,93 % y un nivel de confianza del 95 %, según la ficha técnica.

Un 42,1 % de los que se identificaron como sandinistas dijeron estar en “desacuerdo” con la condena al obispo Álvarez, mientras un 30,4 % lo creen “culpable”, y el restante 27,5 % “no sabe o no responde”.

Asimismo, un 57 % de los nicaragüenses consideraron que en Nicaragua existe una persecución contra los sacerdotes y feligreses de la Iglesia católica, un 33 % opinó que no, y un 10 % no sabe o no respondió.

Por otro lado, un 59 % de los consultados calificaron de "negativo" el destierro al Vaticano de 12 sacerdotes nicaragüenses que se encontraban encarcelados, un 23 % no respondieron, y un 18 % consideraron "positivo que los hayan enviado fuera de su patria" el 19 de octubre pasado.

Un 46 % de los nicaragüenses catalogaron de "positivo" que los 12 sacerdotes "estén libres porque son inocentes", un 26 % lo calificaron de "negativo" y que "deberían estar detenidos", y un 28 % no saben o no respondieron.

El estudio se realizó previo a que el Gobierno de Nicaragua divulgara fotografías y un video del jerarca dentro del Sistema Penitenciario Nacional, conocida como la cárcel La Modelo, una prisión de máxima seguridad, donde, según dijo, el obispo se encuentra en condiciones de reclusión "preferenciales".

El Ejecutivo que preside Daniel Ortega divulgó esas imágenes un día después de que Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, cumpliera 57 años de edad, el primero en prisión y el segundo privado de libertad.

El 10 de febrero pasado, Álvarez fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida, por delitos considerados traición a la patria.

La condena contra el alto jerarca fue dictada un día después de que rechazase subirse a un avión que lo iba a llevar, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, hacia Estados Unidos, lo que provocó la indignación del presidente Ortega, quien en cadena nacional lo calificó de "soberbio", "desquiciado" y "energúmeno".

Álvarez es el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidir por primera vez Nicaragua de 1985 a 1990.

Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.

Washington, 30 nov (EFE).- Tres nicaragüenses en el exilio, dos de ellos miembros de la Iglesia católica que fueron excarcelados y desterrados en febrero pasado, pidieron este jueves ante el Congreso de Estados Unidos la liberación del obispo Rolando Álvarez.

Álvarez, detenido en 2022, se negó a abordar el avión que llevó a Washignton a 222 presos políticos desterrados y fue posteriormente condenado a 26 años de prisión por parte de la Justicia nicaragüense.

Los tres nicaragüenses dieron su testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes bajo condición de anonimato por miedo a represalias.

Denunciaron la "persecución" a la que la Iglesia católica está siendo sujeta bajo el gobierno del presidente, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

En concreto, las dos personas que estuvieron encarceladas en la conocida cárcel de El Chipote, señalaron que durante los interrogatorios por parte de funcionarios del gobierno nicaragüense, se les presionó para que declararan que el obispo Álvarez intentaba planear un golpe de Estado contra Ortega.

"Me amenazaron a mí y a mis familiares porque querían que declarara que el obispo era miembro de una organización que promovía un golpe de Estado y que recibía dinero de EE.UU. y la Unión Europea", dijo uno de los religiosos, quien llegó a Washington en febrero junto a los otros 221 individuos expulsados del país.

"Otras interrogaciones tenían que ver con las homilías del obispo (...) aseguraban que lo estaban incitando a que la gente se alzara en contra del gobierno", agregó el nicaragüense.

Las autoridades del gobierno que llevaron a cabo las detenciones e interrogaron a los religiosos antes y durante su encarcelamiento, señaló otro de los individuos que dio su testimonio, los acusaron de formar parte de una "pandilla criminal".

A sus ojos, señaló el hombre, "éramos miembros de una organización criminal cuyos líderes eran los obispos, con Álvarez a la cabeza".

Al ser preguntado por una congresista si la iglesia católica en Nicaragua tiene la capacidad de galvanizar la oposición, uno de los religiosos rechazó estar involucrado en temas políticos.

"Nuestra misión es predicar las enseñanzas sociales de la Iglesia y el evangelio, con todas sus consecuencias", subrayó.

Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, fue condenado en febrero pasado a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados traición a la patria.

El religioso tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el fallido proceso de diálogo tras las masivas protestas ocurridas en abril 2018.

Álvarez es el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidir por primera vez Nicaragua de 1985 a 1990.