Buenos Aires, 8 nov (EFE).- En medio de la campaña electoral hacia el balotaje del 19 de noviembre, la Justicia argentina ha revelado la existencia de una red de espionaje ilegal con investigaciones sobre los Poderes Ejecutivo y Judicial, periodistas y empresarios destacados, presuntamente financiado por funcionarios kirchneristas.
Cuando restan menos de dos semanas para la segunda vuelta presidencial entre el oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei, el fiscal federal Gerardo Pollicita firmó un dictamen en el que se expuso la existencia de miles de "objetivos" espiados de forma ilegal, con víctimas que abarcan desde el presidente, Alberto Fernández, y parte de su gabinete a opositores como el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha).
La revelación del fiscal se desprende de otra causa judicial por espionaje y suplantación de identidad a magistrados de la Corte Suprema de Justicia argentina en abril de este año, en la que el principal imputado es el exoficial de inteligencia de la Policía Federal Argentina Ariel Zanchetta, detenido en junio pasado.
En esa causa también se encuentran imputadas dos personas de la provincia de Misiones (noroeste), que habrían vulnerado las comunicaciones telefónicas y electrónicas de los jueces mediante datos personales recogidos -presuntamente de forma ilegal- por una empresa llamada Sudamericana Data Group.
Según el informe del fiscal, los responsables de esa base de datos apuntaron que las búsquedas de información personal sobre los jueces fueron pagadas por Zanchetta, a quien la justicia encontró, tras un registro, 1.196 informes repartidos entre computadoras y teléfonos celulares que tenía en su poder.
De las pericias informáticas, que llevó a cabo la Dirección de Asistencia Judicial en delitos complejos y crimen organizado (Dajudeco) del Ministerio Público Fiscal, se desprenden conversaciones de Zanchetta y el diputado nacional de Unión por la Patria (peronista) Rodolfo Tailhade, en las que el acusado ofrece 'chats' entre un funcionario capitalino y un asesor del presidente del Supremo.
Con esa información se pidió el juicio político contra los jueces de la Corte, siendo Tailhade uno de sus impulsores y cuyo desafuero ha sido solicitado ahora por la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio (centroderecha).
En este sentido, este hizo público un escrito dirigido al fiscal de la causa, en el que asegura "no estar mencionado en ninguna de las 169 páginas que integran el documento (dictamen)" y solicitó acceso a los archivos de inteligencia ilegal recopilados por el acusado sobre su persona.
Por otro lado, Zanchetta también recibía pedidos de espionaje por parte de un vocero kirchnerista, que se desempeña como responsable de comunicación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y hombre cercano al legislador Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández, y líder de La Cámpora.
Estos informes recopilaban datos personales, patrimoniales, nombres de familiares de las personas investigadas y hasta seguimientos de cada uno de sus movimientos.
El caso continúa bajo investigación judicial a la espera de más pruebas, que todavía no se han dado a conocer, medidas que podrían llevar a otros allanamientos y el pedido del fiscal para volver a indagar a Zanchetta, ya que hasta ahora está procesado por espiar a los jueces de la Corte.
Entre los dispositivos peritados por la Justicia, se encontraron documentos que hablan de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, que investigaba el atentado terrorista a la mutual judía AMIA, perpetrado en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, y que apareció muerto en su domicilio en 2015 en extrañas circunstancias.
Según informó el portal de noticias Infobae, se trataría de vinculaciones entre el ex jefe del Ejército Argentino Julio César Milani y antiguos directivos de la Agencia Federal de Inteligencia, que aluden a un servicio paralelo de inteligencia durante el último mandato de Cristina Fernández (2007-2015).
En el material se hace hincapié en las fallas de seguridad del edificio Torres Le Parc de Puerto Madero, en el apartamento que fue encontrado el cuerpo de Nisman, quien, previo a su fallecimiento, había denunciado a Cristina Fernández por encubrimiento del atentado a la AMIA. EFE
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