Santiago de Chile, 2 nov (EFE).- El Frente Amplio (FA), conglomerado al que pertenece el partido del presidente chileno, Gabriel Boric, anunció este jueves que votará en contra de la propuesta de nueva Constitución que aprobó esta semana el órgano constituyente de mayoría conservadora encargado de elaborar el texto y que se plebiscitará el próximo 17 de diciembre.
"El texto propuesto consagra los intereses de la élite económica, fomenta las desigualdades entre chilenos y chilenas y, por lo mismo, propone a Chile un camino de inestabilidad para las grandes mayorías", señaló el colectivo.
A juicio del FA, que califica el texto de "extremo", el segundo proceso constituyente "ha estado marcado por el sectarismo de un sector político, ignorando las expectativas ciudadanas, redactando un texto que profundizará las desigualdades, la división e injusticias en nuestro país".
El conglomerado, que forma Gobierno junto al Partido Comunista y fuerzas de la socialdemocracia como el Partido Socialista -que el miércoles anunció que también votará en contra-, dijo además que "descarta" un tercer proceso durante la Administración Boric, al "no existir condiciones para ello".
La propuesta de nueva Carta Magna fue elaborada durante cinco meses por un órgano de 50 miembros elegidos en las urnas, donde el ultraderechista Partido Republicano (22 escaños) y la derecha tradicional agrupada en la coalición Chile Vamos (11) hicieron valer su contundente mayoría para incluir artículos que han sido criticados desde varios sectores por suponer "retrocesos" respecto a la Constitución actual, heredada de la dictadura militar (1973-1990).
Entre las cláusulas más polémicas destacan "el derecho a la vida de quien está por nacer" -una norma que el oficialismo teme que colisione con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales-, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados o la exención tributaria de la primera vivienda, que beneficia a las personas de mayores ingresos.
Los detractores del texto también critican cómo ha quedado el Estado social de derecho, una aspiración histórica de la izquierda y centro-izquierda, y denuncian que hay artículos que perpetúan el actual Estado subsidiario y consagran constitucionalmente el sistema privado de salud o el criticado modelo de pensiones de capitalización individual.
Para los defensores, en cambio, la propuesta garantiza "libertad" y "seguridad" y da "certezas económicas y jurídicas" al país.
Si el texto finalmente se rechaza en diciembre, tal y como apuntan todas las encuestas, seguirá vigente la actual carta fundamental, heredada de la dictadura (1973-1990) y reformada en democracia.
El primer proceso concluyó en septiembre de 2022 con un contundente rechazo del electorado a un proyecto que, a diferencia de ahora, fue escrito por una convención de mayoría izquierdista.
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