Santiago de Chile, 6 sep (EFE).- Un 56 % de los chilenos dicen no estar interesados en el 50 aniversario del golpe de Estado militar contra el Gobierno democrático del socialista Salvador Allende (1970-1973) que se conmemora este 11 de septiembre y que mantiene fuertemente enfrentada a la clase política, según un estudio difundido este miércoles por la Fundación Activa.
De acuerdo con la encuesta, realizada en las últimas semanas de agosto a través de 1.076 entrevistas en 180 comunas (provincias) a nivel nacional, un 41 % piensa, además, que esta efeméride es importante, mientras que otro 41,8 % cree que es un evento poco relevante.
Además, 50 años después del inicio de la dictadura, un 32,8 % de los chilenos están a favor del golpe y creen que fue necesario, dice el estudio, antes de destacar que esta opinión las defienden de manera mayoritaria encuestados varones mayores de 51 años con una tendencia política de derecha.
Solo un 43,4 % considera que fue malo para el país, mientras que en cuanto a la responsabilidad, un 39,6 % culpa al propio presidente Salvador Allende, elegido en las urnas, y a su Gobierno de coalición conocido como Unidad Popular; un 30,8 % a los comandantes de las Fuerzas Armadas y de orden de la época, y un 30,6 % a Estados Unidos por medio de la CIA.
Más de la mitad de los encuestados (51,3 %) tienen una mala opinión sobre el dictador Augusto Pinochet, aunque un 39,2 % también piensan negativamente de Allende.
La mayoría de los encuestados coinciden, asimismo, en que las diferencias y divisiones que genera el golpe de Estado nunca se superarán, y el 76,5 % señala, a este respecto, que prefiere un sistema democrático como fórmula de gobierno mientras que un 43,7 % justifica un golpe de Estado dependiendo de “las condiciones que viva un país”.
A pesar de esto, la mayoría de los chilenos coinciden en que el comienzo del régimen autoritario supuso violaciones a los derechos humanos, práctica de torturas, exilios y desaparecidos.
Hasta hoy, en Chile sigue habiendo 1.159 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura que aún son buscadas por sus seres queridos.
La dictadura de Chile duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.
Gabriel Boric, primer presidente chileno nacido en dictadura, trata desde hace meses de consensuar una declaración institucional de condena del Golpe con todos los partidos y actores políticos y sociales del país, iniciativa en la que ha encontrado numerosos obstáculos y de la que tras la extrema derecha, hoy se ha desmarcado también la derecha tradicional.
En un comunicado conjunto, los partidos de derecha y centro derecha han emitido una declaración conjunta propia en la que eluden la denominación "golpe" y evitan una alusión directa a las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la asonada y la posterior represión. EFE
eos/jm/eat
Últimas Noticias
Bolivia negocia con el FMI un préstamo de hasta 2.772 millones de euros
El gobierno de La Paz busca recursos millonarios bajo estrictas condiciones que incluyen ajustes económicos y la posible devaluación de la moneda nacional, mientras reclama un desembolso inicial elevado para enfrentar el deterioro fiscal y reactivar el crecimiento económico

El sonido femenino de 'Sirat' convierte la experiencia en viaje emocional hacia los Óscar
Bondi lamenta el sufrimiento de las víctimas de Epstein ante críticas por proteger nombres de abusadores

Al menos un muerto en un tiroteo en un colegio del suroeste de Rusia
Un adolescente disparó en una escuela ubicada en Anapa, en la región rusa de Krasnodar, dejando como saldo preliminar un vigilante muerto y varios heridos, según autoridades, mientras equipos de emergencia y hospitales locales se mantienen alertas

El Consejo de Europa retira la inmunidad al ex secretario general Thorbjorn Jagland por el caso Epstein
La organización europea accedió a la solicitud de Oslo tras la aparición de documentos vinculados a Epstein, permitiendo a la justicia noruega avanzar en pesquisas por supuestos sobornos relacionados con altos funcionarios, según su secretario general
