
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) cerrará este viernes 8 de septiembre el plazo para que los candidatos que así lo deseen se postulen al cargo de presidente ejecutivo de la entidad para, en noviembre, proceder a su elección. La LXIII Asamblea de Gobernadores del BCIE, celebrada el pasado 12 de mayo, decidió que el actual presidente del banco, Dante Mossi, no sería renovado en el cargo, lo que ha llevado a abrir el plazo para buscar nuevos nombres. El nuevo presidente deberá asumir el cargo el próximo 1 de diciembre para un período de cinco años. Por el momento, hay pocos nombres sobre la mesa, aunque los países miembros han comenzado a articular sus estrategias. El candidato elegido tiene que proceder de uno de los cinco países fundadores del BCIE, lo que reduce las opciones a cinco Estados miembros: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Desde 1961, la institución ha tenido cinco presidentes de Honduras (entre los que se encuentra Mossi), cuatro de Guatemala, tres de Nicaragua, dos de Costa Rica y uno de El Salvador. Desde el Salvador se baraja la posibilidad de que el exministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, lance su candidatura, según habría adelantado Bloomberg. Actualmente, Zelaya es director país del BCIE, tras su designación por parte de Nayib Bukele para este puesto y, su postulación a presidente, implicaría su renuncia. En las últimas semanas se ha conocido también que Guatemala y Costa Rica se plantean presentar un nombre común para presidir la institución. Este hipotético candidato podría contar con el visto bueno de importantes países socios que aportan grandes cantidades de capital como España, México o Taiwán. Además de la procedencia geográfica y los distintos intereses políticos que entran en juego, el BCIE exige a los candidatos que cuenten con "reconocida capacidad profesional, honradez y experiencia de al menos diez años en puestos gerenciales y ejecutivos en asuntos económicos, financieros, bancarios o en políticas de desarrollo". Del mismo modo, los candidatos deben estar "en el goce y ejercicio de sus derechos civiles", y no tener "limitaciones legales" para poder ejercer el cargo, es decir, no estar sancionados por ningún país.
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