Ciudad de México, 19 may. La mexicana Roxana Ruiz, condenada a seis años de cárcel por defenderse de su violador, podría marcar un peligroso precedente para las mujeres en México, un país en el que “no dejarse violar es sinónimo de ir a la cárcel”, si no se revoca el veredicto, expresa en entrevista con EFE.
En medio de la lucha judicial y la desesperación de la joven, acusada de homicidio en exceso de la legítima defensa tras matar a su presunto violador en el Estado de México, vecino de la capital, lamenta que la justicia parezca lejos de ella.
"No creemos que sea algo coherente, algo justo que me hayan sentenciado a seis años, solo porque piensan que fue un exceso (el uso de la fuerza). Yo no sé cuáles son los límites para que tú te puedas defender”, dice entre sollozos.
Originaria del sureño estado de Oaxaca, Ruiz recibió esta semana una sentencia a 6 años, dos meses y siete días de prisión, así como una multa de 285.000 pesos (cerca de 15.800 dólares) como reparación del daño, después de que en mayo de 2021 se defendió de su agresor.
El argumento de la jueza, dice su abogado Ángel Carrera, es que se “excedió en su defensa”, lo que consideran totalmente injusto pues antes ya había ocurrido una violación y estaba en riesgo su vida.
“No sabemos si hay un manual en el que Roxana tendría que haber actuado de diferente manera, si hay pasos, hasta qué momento hay que parar en una legítima defensa”, considera.
EL CASO
El 7 de mayo de 2021, Roxana fue con unas conocidas a tomar cerveza en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Cuando estaba por irse del lugar, apareció un hombre que conocía y que se ofreció a acompañarla a su casa.
Una vez allí, le insistió que lo dejara quedarse a dormir porque vivía lejos, a lo que ella accedió.
Después, según relata Roxana, el joven se metió a su cama, la golpeó, violó y amenazó con matarla.
Ella alcanzó una camiseta y lo asfixió.
Tras ello, sacó el cuerpo en una bolsa, pero las autoridades la detuvieron y encarcelaron en un centro penitenciario donde estuvo nueve meses y del que salió gracias al apoyo de organizaciones feministas y sus abogados.
En esa ocasión, cuenta Carrera, la acusaron de los delitos de homicidio y de violar las leyes de inhumación y exhumación.
Aunque la absolvieron de este último, reclasificaron el primero como homicidio simple con exceso de defensa.
La lucha que prosigue es para que Roxana no vuelva a pisar la cárcel, por lo que están en proceso de apelar la sentencia.
“Este es un precedente para las mujeres. Si subsistiera este fallo simplemente las mujeres no tendrían manera de defenderse o pensarían: 'aunque me defienda voy a ir a la cárcel', que es el caso de Roxana”, apunta Carrera.
Roxana también considera que, si regresa a la cárcel, su sentencia marcará un precedente para cualquier otra mujer que sea violada.
“No debería ser así porque ¿cuál es ahora el mensaje que manda el sistema judicial aquí? Que las mujeres tenemos de dos: o estar presas o estar muertas”, dice la joven de 23 años, aún con enojo.
VIVIR CON MIEDO
La joven, madre de un niño de 6 años, afirma que le ha costado mucho trabajo retomar su vida: “sigo viva, pero muerta a la vez” pues, dice, se destrozaron sus planes y proyectos de vida.
Y aunque reconoce que la invade el miedo de volver a pisar la prisión y estar lejos de su hijo, dice que su mayor temor es que la familia de su atacante cumpla las amenazas que le han hecho.
“Me desgarra el alma y más aún leyendo sus comentarios (de la familia del agresor) donde dicen que me entregarían a mi hijo hecho cachitos (pedazos), es algo que me duele recordar”, dice entre lágrimas.
Ante ello, Ruiz pide a las autoridades mirar casos como el suyo desde una perspectiva de género y a reconocer el derecho de las mujeres a defender su propia vida.
“Pareciera que no nos quisieran vivas manifestando esto. ¿Qué está pasando? Tantos feminicidios que hay en México y no lo toman en cuenta, es como si no les importara la vida de las mujeres en el Estado de México”, concluye.
El nivel de impunidad en los delitos de feminicidio en México, donde matan a 10 mujeres al día, estuvo en el 56,6 % en 2022, según la organización Impunidad Cero.
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