Bruselas, 19 dic. La Comisión Europea está verificando si el comisario de Interior entre 2014 y 2019, el griego Dimitris Avramopoulos, cumplió las condiciones en las que se le autorizó en 2021 trabajar para la ONG Fight Impunity, ahora en el epicentro de la presunta trama de sobornos que salpica a Catar, Marruecos y el Parlamento Europeo.
"Estamos llevando controles internos y, por supuesto, si es necesario contactaremos con el antiguo comisario para tener más detalles", declaró hoy en rueda de prensa el portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer.
El antiguo comisario "es miembro de honor de la organización (...) y recibió una autorización con restricciones de la Comisión el 3 de febrero de 2021, siguiendo una recomendación del comité ético independiente" del Ejecutivo comunitario, agregó el portavoz.
Subrayó que Bruselas no tiene en este momento sospechas de que el político no respetara sus compromisos y señaló que la Comisión no fue informada de la cuantía de esa remuneración.
Los pagos que recibía el comisario ascendieron a 60.000 euros anuales, según la información publicada por el propio Avramopoulos, político del partido Nueva Democracia de 59 años, antiguo alcalde de Atenas y ministro en varias ocasiones en su país entre 2004 y 2014 en las carteras de Exteriores, de Defensa, de Sanidad y de Turismo.
"Estamos comprobado si las condiciones que se aplicaron a esta decisión se cumplían. Por el momento, no tenemos razones para pensar que no era el caso", añadió Mamer.
El fundador y presidente de la ONG Fight Impunity (Lucha contra la Impunidad) era el exeurodiputado socialdemócrata italiano Pier Antonio Panzeri, imputado por presunta organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción y en prisión preventiva en una cárcel de Bruselas.
En el marco de la investigación por la que están imputados varios eurodiputados, asistentes parlamentarios, sindicalistas y lobistas, la policía belga encontró 700.000 euros en metálico en el domicilio de Panzeri en Bruselas.
Avramopoulos, según las informaciones publicadas por varios medios que no ha querido confirmar la Comisión Europea, era además candidato a convertirse en el enviado especial de la UE para los países del Golfo.
El conservador griego, sobre el que no pesa ninguna acusación judicial, no era el único nombre relevante vinculado a esa organización que no figuraba en el Registro de Transparencia de la Comisión Europea.
Fight Impunity contaba también con otros miembros honoríficos, que se supone no recibían remuneración, como la excomisaria europea de Pesca entre 1995 y 1999, la italiana Emma Bonino, que posteriormente fue ministra de Asuntos Exteriores de Italia en dos ocasiones, y también la que fue alta representante para la Política Exterior de la UE Federica Mogherini entre 2014 y 2019.
Mogherini, socialdemócrata italiana y actual rectora del Colegio de Europa (desde septiembre de 2020) y directora del Programa Piloto de la Academia Diplomática Europea, implementado por el Colegio de Europa ( desde agosto de 2022 ), no requería autorización de la Comisión porque habría empezado a colaborar con la ONG tras el período de dos años durante el que sí tiene obligación de solicitar autorización al Ejecutivo, señaló el portavoz comunitario.
También figuraban entre los miembros de honor de la ONG la exdiputada europea liberal sueca Cecilia Wikström o la socialista portuguesa y también antigua parlamentaria europea Isabel Santos, el médico congolés y Premio Nóbel de la Paz Denis Mukwege y el exprimer ministro francés Bernard Cazeneuve.
La investigación judicial, que saltó a la luz pública el viernes 9 de diciembre a partir de los primeros registros relacionados con la trama, implica presuntamente a Catar y Marruecos en la compra de voluntades en torno a la UE. EFE
jaf/cat/rf
(Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)
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