SAN JOSÉ (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el martes a Costa Rica por la violación de la libertad de expresión de dos periodistas condenados en 2005 a pagar una indemnización a un jefe policial.
Se trata de los periodistas Ronald Moya y Freddy Parrales, quienes en aquel momento trabajaban para el diario La Nación e informaron sobre una investigación contra jefes policiales en la zona sur del país relacionada al contrabando de licores.
Parrales comunicó la situación a su editor, Moya, quien obtuvo la confirmación de parte del entonces ministro de Seguridad Pública sobre la presunta participación de algunos jefes de la policía en esos casos y las respectivas investigaciones en curso.
Uno de estos jefes policiales demandó a los periodistas de La Nación y al propio medio, que pese a ser absueltos en lo penal fueron condenados en lo civil al pago de una indemnización de 5 millones de colones (alrededor de 10.000 dólares en ese momento).
Sobre el caso, la CIDH consideró que la nota publicada por el diario era una pieza informativa y correspondía al criterio de interés público. Consideró que si bien a la postre la información publicada fue inexacta, no se pudo determinar que los periodistas tuvieran la intención de provocar daño contra alguna persona en particular y consideró también la oficialidad de la fuente de la que emanó la información.
En este sentido, el tribunal costarricense que condenó a los comunicadores les reprochó el no haber acudido a la Oficina de Prensa del Poder Judicial para “comprobar los pormenores de la causa penal”, lo que para la CIDH representa una “exigencia desproporcionada para la libertad de expresión, extremadamente restricta para la libertad de prensa”.
Para la Corte Interamericana, esta sanción impuesta a los periodistas tuvo en ellos un efecto “amedrentador”.
Ahora el Estado costarricense deberá pagar a Moya y Parrales una indemnización de 20.000 dólares a cada uno y publicar la sentencia en el diario oficial. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica indicó que el país acatará “de buena fe” lo dispuesto por la corte, de la cuál el país centroamericano es sede.
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