Trípoli, 10 ago. La Guardia Costera libia interceptó este miércoles dos embarcaciones con un total de 330 personas migrantes a bordo, incluidas 11 mujeres y cuatro menores, cuando trataban de alcanzar la costa europea, informó el Ministerio del Interior.
Según este departamento, el primer barco transportaba 214 personas y el segundo 116, todas ellos de diferentes nacionalidades árabes y del África subsahariana que fueron atendidas en el puerto de Trípoli por representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) antes de ser transferidas a la Agencia contra la migración ilegal.
El último informe de la OIM, organismo dependiente de Naciones Unidas, reveló que 977 personas fueron devueltas a Libia entre el 24 y el 30 de julio pese a ser considerado un país "no seguro" mientras que 13 cuerpos fueron encontrados sin vida y 35 personas continúan desaparecidas.
Médicos Sin Fronteras (MSF) urgió recientemente a facilitar las evacuaciones de la población migrante en Libia, estimada en unas 600.000 personas, y pidió a la Unión Europea y Naciones Unidas "revisar urgentemente —y, si es necesario, suspender— los actuales acuerdos de cooperación con las autoridades libias".
En lo que va de año 11.946 personas -458 de ellos menores- han sido devueltas a Libia, 194 han fallecido y 684 han desaparecido en la ruta migratoria del Mediterráneo Central, la más mortífera de las conocidas que los migrantes realizan en embarcaciones precarias, fletadas por mafias que se lucran en Túnez y el oeste de Libia.
La encargada de las operaciones de rescate es la Guardia Costera libia, un cuerpo formado y financiado por la Unión Europea (UE) pese a estar bajo sospecha por organizaciones humanitarias internacionales, como Amnistía Internacional (AI), por sus supuestos vínculos con las mafias que se dedican al lucrativo negocio del contrabando.
AI ha denunciado las violaciones de derechos humanos cometidas en los llamados "centros de reagrupación y retorno"; escenario de torturas, violencia sexual, trabajos forzados y otras formas de explotación "con total impunidad". EFE
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