Gobierno uruguayo cuestiona imparcialidad de juez que evalúa suspensión de vacuna en niños

El gobierno de Uruguay cuestionó la imparcialidad de un juez que lo citó este miércoles por un recurso para suspender la vacunación de niños contra el covid-19, que es voluntaria.

Representantes del ministerio de Salud Pública (MSP) presentaron una recusación contra el juez Alejandro Recarey, que el sábado convocó a una audiencia a las autoridades y a la farmacéutica Pfizer para exigir información detallada de las vacunas administradas durante la pandemia y de los contratos firmados.

En el documento, el MSP destaca la "falta de imparcialidad del juez por haber dado su opinión previa respecto a la misma temática" de la vacunación, según un comunicado difundido en Twitter.

Alega también que el recurso se realizó "fuera de los plazos", y subraya el incumplimiento "de otros requisitos previstos en la ley de amparo".

"Las vacunas son eficaces y seguras, lograron disminuir la mortalidad y los contagios, son un mecanismo para proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, fueron aprobadas y suministradas por el organismo competente", dijo el ministerio.

"La actuación del juez constituyó una clara violación a la separación de poderes, invadiendo potestades sanitarias, a cargo del Poder Ejecutivo", agregó.

El juez Recarey, que actúa como suplente en un juzgado de lo Contencioso Administrativo, dio lugar al recurso del abogado Maximiliano Dentone para suspender la campaña de inoculación "en edades pediátricas".

En Uruguay están habilitados para vacunarse los niños a partir de los 5 años en adelante.

"Se están inoculando sustancias que no sabemos los componentes que tienen", dijo a periodistas ante el tribunal Dentone, que tildó de "manifiestamente ilegal y peligroso" el proceso de vacunación.

Un grupo de personas se apostó desde temprano en las puertas del tribunal, en el centro de Montevideo, con carteles que rezaban "Los niños no se pinchan con experimentos" o "Luis, ¿vas a dejar que maten a nuestros niños inoculándolos?", en referencia al presidente Luis Lacalle Pou.

El magistrado exigió al Ejecutivo y al laboratorio estadounidense aportar documentación sobre la composición de las vacunas, incluyendo la posible presencia de "óxido de grafeno" o "elementos nanotecnológicos".

También pidió estudios que demuestren la "inocuidad" de "la sustancia llamada ARN mensajero" y exigió revelar los términos de los contratos firmados entre el gobierno y Pfizer para comprobar si contienen cláusulas "de indemnidad civil o impunidad penal de los proveedores" respecto a eventuales efectos adversos.

El MSP afirmó este miércoles que respondió "la totalidad de las preguntas técnicas formuladas por el Juez" y adelantó que esta información será conocida públicamente.

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