SAN SALVADOR (AP) — Una organización que defiende los derechos humanos en El Salvador presentó el miércoles una demanda ante la Corte Suprema para que declare la inconstitucionalidad de una reforma al Código Procesal Penal que introduce la figura de “jueces sin rostro”, aprobada por el Congreso para proteger la identidad de jueces y magistrados que procesan delitos cometidos por pandilleros.
Los legisladores argumentaron que en muchos de los casos los jueces son amenazados por delincuentes y con la reforma podrían actuar sin presiones. El decreto en cuestión establece medidas de protección para todas las personas que integran los tribunales con competencia penal. Una de esas medidas establece que en los actos administrativos o judiciales no deben aparecer los nombres ni lo datos generales de los jueces, magistrados o secretarias, ni cualquier otra información que pudiera identificarlos.
La reforma es parte de un paquete de otros cambios aprobados por la Asamblea Legislativa en el marco de la implementación del régimen de excepción, decretado el 27 de marzo a solicitud del presidente Nayib Bukele para combatir una ola de violencia. No obstante, la abogada Ruth Eleonora López, de la ONG Cristosal, afirmó que la reforma “vulnera la Convención de Derechos Humanos”.
Además de esta modificación al Código Procesal Penal para crear la figura de los jueves sin rostro, el Congreso también reformó el Código Penal para que las pandillas, o cualquier otra organización delictiva, se consideren penalmente ilícitas y sus miembros puedan ser sancionados con penas de 20 a 45 años de cárcel.
La abogada de Cristosal dijo que el principal argumento de la inconstitucionalidad es que la iniciativa llegó desde Casa Presidencial, violando lo que establece la Constitución, dado que impulsar una reforma le corresponde a la Corte Suprema. Además, Lopez señaló que El Salvador es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, que estipula el derecho a que las personas sean juzgadas por jueces independientes e imparciales y afirmó que esto podría no garantizarse si se esconde su identidad.
Según la abogada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha sentado precedentes sobre el tema, como cuando se aprobaron reformas similares en Perú durante el gobierno del ahora encarcelado expresidente Alberto Fujimori.
Desde que se aprobó el régimen de excepción el 27 de marzo, las fuerzas de seguridad han informado de la captura de 37.557 presuntos pandilleros en un país de solo 6,5 millones de habitantes. Según la información oficial, los jueces han decretado detención provisional a más de 31.000 personas acusadas de delitos como homicidio, extorsión, posesión de armas, agrupaciones ilícitas o colaboración con pandillas. En las audiencias, que en su mayoría son virtuales, los jueces revisan los casos de entre 50 y a veces más de 500 detenidos a la vez.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado violaciones a los derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.
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