El Ministerio Público (fiscalía) peruano pedirá la extradición del capitán del buque cisterna 'Mare Doricum', nave de bandera italiana involucrada en el derrame de unos 12.000 barriles de crudo en aguas de Perú hace cuatro meses, informó el martes a la AFP una fuente de la entidad.
La extradición se solicitará luego que se verificó que Giacomo Pisani abandonó Perú el 9 de marzo pasado pese a existir sobre él una medida judicial que le impedía salir del país, dijo una fuente del Ministerio que requirió la reserva.
El pedido formal lo presentará la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la fiscalía peruana aunque sin especificar a la justicia de cual país.
Ese derrame ocurrió el 15 de enero mientras el 'Mare Doricum' descargaba crudo en la refinería de La Pampilla, en Ventanilla, 30 km al norte de Lima, propiedad de la petrolera española Repsol. La compañía atribuyó el siniestro al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga, al otro lado del océano Pacífico.
Pisani es investigado por su presunta responsabilidad en el derrame de petróleo, lo que ocasionó un gran impacto contra la flora y fauna del litoral peruano, según las autoridades del país sudamericano.
El capitán , quien habría vuelto a Italia según distintos medios, dejó el país 24 horas después del pedido del Ministerio Público, aseguró el semanario local Caretas.
Inmovilizado a pedido de la justicia, el buque permanece desde hace cuatro meses anclado a seis millas de la costa peruana bajo vigilancia de guardacostas de la Marina.
El 'Mare Doricum' es un carguero tipo Suezmax, construido en 2009 y propiedad de la armadora Fratelli d'Amico, con base en Nápoles.
La Fiscalía investiga además a ocho directivos de Repsol, quienes tampoco pueden salir del país por el incidente, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena. Los demás ejecutivos son peruanos.
Repsol fue demandada la semana pasada ante la justicia peruana por 4.500 millones de dólares por daños y perjuicios.
La querella la presentó la agencia de Defensa del Consumidor, pero Repsol la rechazó alegando que carece de fundamentos.
Por su parte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso también cinco multas a Repsol por unos 620.000 dólares.
El derrame de crudo se esparció por aguas y costas hasta 140 kilómetros al norte de la refinería, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos.
Las actividades pesqueras y turísticas en la zona se han visto perjudicadas a partir del momento del siniestro, considerado la peor emergencia ambiental registrada por Perú.
ljc/llu
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